LA PAZ 05 JUN. (NÓMADA NEWS).- Un juez determinó este viernes enviar con detención preventiva por seis meses a la cárcel de San Pedro al dirigente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de La Paz, Justino Apaza, investigado por los presuntos delitos de terrorismo, financiamiento al terrorismo, asociación delictuosa e instigación pública a delinquir.
La decisión fue asumida tras una audiencia cautelar en la que el Ministerio Público argumentó la existencia de riesgos procesales para sustentar la medida extrema. Apaza permanecerá recluido mientras avanzan las investigaciones relacionadas con las movilizaciones y hechos de violencia registrados en el país durante las últimas semanas.
Tras conocerse la resolución, el abogado defensor del dirigente, Curmi Rocha, cuestionó la determinación judicial y aseguró que responde a una motivación política antes que jurídica.
“Esta decisión, más allá de que fuera un tema jurídico, es una decisión política. Sabemos que el Estado está tratando inicialmente de silenciar a las voces o a los portadores de esas voces”, afirmó el jurista.
La defensa sostuvo que durante la audiencia presentó documentación y elementos destinados a demostrar que Justino Apaza cuenta con domicilio conocido, actividad laboral estable como artesano y una familia constituida, con el propósito de desvirtuar los riesgos de fuga y obstaculización señalados por la Fiscalía.
Rocha también observó que el Ministerio Público considere como una presunta asociación delictuosa un acuerdo interinstitucional suscrito por distintas organizaciones sociales, argumentando que estas entidades cuentan con personalidad jurídica y actúan bajo el amparo de la Constitución Política del Estado.
Ante la decisión judicial, la defensa anunció que presentará una apelación con el objetivo de revertir la medida cautelar y obtener la libertad de su defendido.
Justino Apaza fue aprehendido el miércoles en el marco de una investigación vinculada a las protestas sociales que se desarrollan en diferentes regiones del país. El dirigente tuvo un papel activo en la organización del cabildo realizado en la ciudad de El Alto, encuentro en el que diversas organizaciones ratificaron la continuidad de las movilizaciones y exigieron la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
