LA PAZ 03 SEP (NÓMADA NEWS).- El Gobierno Nacional determinó la intervención estatal de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, por un periodo de hasta 180 días, debido a deficiencias, riesgos y vulnerabilidades identificados en los mecanismos de regulación, supervisión, control y fiscalización de las actividades hidrocarburíferas.
La medida está contemplada en el Decreto Supremo 5699, aprobado el 2 de septiembre, y establece la creación de una Comisión de Intervención Estatal Extraordinaria que tendrá la misión de dirigir, supervisar, evaluar y coordinar las acciones durante este proceso.
El plazo de intervención podrá ampliarse una sola vez, hasta por 90 días, mediante resolución ministerial del Ministerio de Hidrocarburos, si persisten las causas que originaron la medida. También podrá concluir antes de los 180 días si las condiciones que motivaron la intervención son superadas.
Según el decreto, las principales deficiencias están relacionadas con el abastecimiento interno de hidrocarburos y sus derivados. La norma además atribuye parte de la situación a decisiones normativas, regulatorias, administrativas y contractuales adoptadas durante anteriores gestiones de Gobierno, cuyos efectos continuarían vigentes.
Comisión tendrá acceso al sistema B-SISA
La Comisión de Intervención Estatal Extraordinaria estará conformada por ministros o representantes de las carteras de Hidrocarburos, Producción y Obras Públicas, además del Viceministro de Transparencia del Ministerio de la Presidencia.
Entre sus principales tareas estará la evaluación de los mecanismos de regulación y fiscalización aplicados en toda la cadena productiva de hidrocarburos, desde la producción, transporte y refinación, hasta el almacenamiento, importación, distribución y comercialización.
La comisión también verificará los procedimientos utilizados para controlar la calidad de los combustibles producidos e importados y tendrá acceso a sistemas, bases de datos, registros y expedientes físicos y digitales administrados por la ANH, con especial atención al sistema B-SISA.
Asimismo, podrá revisar procesos sancionatorios iniciados o concluidos por la entidad para establecer si fueron oportunos y si contaron con sustento técnico, regulatorio y jurídico.
El decreto incluso faculta a la comisión a recomendar la remoción de personal y solicitar auditorías técnicas, regulatorias, legales, financieras, administrativas y operativas.
El Gobierno aclara que la intervención no implica la desaparición de la ANH ni modifica su naturaleza jurídica o estructura institucional.
