SANTA CRUZ 28 OCT (NÓMADA NEWS).– La jueza Ana Gloria Rojas declaró en rebeldía al exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, Johnny Fernández, y ordenó su aprehensión luego de que no se presentara a la audiencia de medidas cautelares dentro del proceso por presunta malversación de fondos de aproximadamente 191 millones de bolivianos en el municipio cruceño.
Tras la determinación judicial, efectivos de la Policía anticorrupción se trasladaron hasta la oficina registrada como fuente laboral de la exautoridad, ubicada en el centro cruceño, pero no lograron encontrarlo. Posteriormente, los uniformados también acudieron a una cooperativa, ante versiones de que Fernández podría encontrarse en ese lugar.
La orden judicial deberá ser ejecutada por la Policía Boliviana, en el marco de las actuaciones correspondientes al proceso. Más temprano, la justicia había rechazado una acción de libertad presentada por Fernández, quien argumentó que sus derechos y garantías estaban siendo vulnerados.
Piden impedir su salida del país
La presidenta del Consejo Municipal de Santa Cruz, Luisa Nayar, presentó una carta ante la Dirección General de Migración para solicitar que se impida la salida del país del exalcalde.
Anaya fundamentó su pedido en la existencia de una norma nacional que, según indicó, prohíbe a las exautoridades abandonar Bolivia durante los seis meses posteriores a la conclusión de sus funciones.
Fernández se declara perseguido político
Por su parte, Johnny Fernández cuestionó los cambios en la fecha de su audiencia cautelar y denunció presuntas presiones políticas en el proceso judicial que enfrenta, por lo que se declaró «perseguido político» y acusó a Mamen Saavedra de confabular contra su persona.
La exautoridad lamentó los pronunciamientos públicos relacionados con su caso y pidió una revisión independiente de las actuaciones judiciales, además de garantías para ejercer su derecho a la defensa.
Hasta el momento, Fernández no había sido localizado por los efectivos policiales. El proceso continúa en el ámbito judicial por la presunta malversación de fondos.
