LA PAZ 20 OCT (NÓMADA NEWS).– La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) alertó sobre la expansión de organizaciones criminales internacionales en Bolivia y advirtió que el fenómeno se agrava por la convergencia del narcotráfico con la minería ilegal y la actividad de clanes familiares locales. El informe generó preocupación entre legisladores del oficialismo y de la oposición, que demandaron medidas para enfrentar al crimen organizado.
Mónica Mendoza, representante de la UNODC en Bolivia, señaló que en el territorio nacional se ha identificado la “presencia de distintas organizaciones criminales, entre ellas el cártel Jalisco Nueva Generación, de México; el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho, de Brasil; además de estructuras procedentes de Colombia y Perú”. Según explicó, existe una dinámica de crecimiento y expansión de este fenómeno.
La representante de Naciones Unidas también advirtió sobre los “riesgos que representa la penetración del crimen organizado en instituciones públicas”. Explicó que en Bolivia y otros países de la región el poder del narcotráfico puede traducirse en “redes de corrupción destinadas a proteger a integrantes de estas organizaciones y obstaculizar las acciones judiciales”.
No obstante, Mendoza señaló que corresponde a las autoridades “desarrollar las investigaciones y valorar las evidencias para establecer si existen organizaciones criminales propiamente bolivianas, diferenciándolas de la presencia de redes internacionales y de clanes familiares vinculados a actividades ilícitas”.
Tras conocerse estas advertencias, legisladores del oficialismo y de la oposición expresaron su preocupación por los riesgos para la seguridad nacional y pidieron fortalecer la respuesta estatal. Entre las propuestas planteadas figuran la dotación de nuevos equipos y armamento a la Policía y las Fuerzas Armadas, además de revisar la normativa sobre el uso de la fuerza.
También se planteó reforzar el control de las fronteras, especialmente en zonas de Santa Cruz como San Matías y San Ignacio de Velasco, donde, según las declaraciones recogidas, existirían disputas vinculadas a la violencia criminal internacional.
Finalmente, desde el ámbito político se pidió considerar cooperación internacional, incluida la asistencia de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
