LA PAZ 07 OCT (NÓMADA NEWS).- El Gobierno Nacional aprobó un decreto supremo que reglamenta y complementa la Ley 1680 destinado a garantizar medidas de protección y apoyo para niñas, niños y adolescentes que quedaron en la orfandad como consecuencia de feminicidios y otros delitos contra la vida, informó el vocero presidencial, José Luis Gálvez.
La norma establece mecanismos para hacer operativa la Ley 1680 y determina cómo los hijos e hijas de las víctimas podrán acceder a los beneficios previstos por la legislación.
Entre las principales medidas se contempla un bono económico mensual equivalente al 20% del salario mínimo nacional vigente para los hijos e hijas beneficiarios. Además, los menores de cinco años tendrán acceso a un paquete alimentario mensual equivalente al 20% del subsidio de lactancia.
El decreto también garantiza el acceso a los servicios de salud, la inscripción inmediata al sistema educativo y, cuando sea necesario un cambio de domicilio, el traspaso escolar inmediato para evitar que los menores interrumpan sus estudios.
Asimismo, se establece prioridad para la consideración de becas en universidades e institutos privados, además de un registro y habilitación de los beneficiarios mediante un sistema específico que permita identificar a las familias y facilitar el acceso a las prestaciones.
La aprobación de la norma responde a una problemática que afecta a decenas de familias. De acuerdo con el Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres, hasta el momento se tiene un registro de 88 personas en situación de orfandad a raíz de los feminicidios registrados este año. De ese total, 74 son menores de edad y 14 tienen entre 18 y 25 años.
La activista Eulogia Tapia alertó que la mayoría de los menores tiene menos de 10 años y cuestionaron que, pese a la reglamentación de la ley promulgada en abril, su implementación no se habría concretado plenamente.
“Detrás de cada feminicidio no queda solamente una familia destruida”, señaló al advertir que los hijos de las víctimas requieren protección y asistencia para reconstruir sus vidas.
El decreto aprobado por el Gobierno Nacional busca establecer precisamente los mecanismos para que esas medidas de protección puedan ser aplicadas y los menores afectados accedan a los beneficios previstos por la ley.
