LA PAZ 18 JUN. (NÓMADA NEWS).- El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, afirmó hoy que el Ejecutivo está dispuesto a revisar casos de personas procesadas en el marco de los conflictos, pero rechazó cualquier medida que implique impunidad o vulnere la independencia de poderes.
La autoridad rechazó la posibilidad de una amnistía general para las personas procesadas o investigadas por hechos ocurridos durante los recientes conflictos y bloqueos, al considerar que una medida de esa naturaleza podría derivar en impunidad y desconocer la gravedad de algunos casos.
“Lo que no queremos es que ahora el diálogo esté reñido con las leyes, porque tampoco puede ser que el diálogo vaya a conducirnos a una impunidad, un abuso o un atropello”, afirmó Lupo.
El ministro explicó que existen diferentes situaciones jurídicas entre las personas involucradas en los conflictos, por lo que consideró inviable una solución generalizada. Según indicó, “algunos ciudadanos se encuentran arrestados, otros aprehendidos, algunos enfrentan medidas cautelares y otros son investigados por delitos de mayor gravedad”.
En ese sentido, recordó que incluso existen casos de “agresiones severas contra efectivos policiales”, hechos que deben ser evaluados por las instancias competentes.
Ante esta situación, el Gobierno planteó la conformación de una comisión jurídica que revise cada caso de manera individual para determinar qué medidas pueden ser adoptadas dentro del marco legal.
“Se tiene que conformar una comisión jurídica que vea caso por caso. No se puede atender simplemente un pedido de amnistía general”, sostuvo.
Lupo también enfatizó que las decisiones sobre procesos penales no dependen del Ejecutivo, sino del Ministerio Público y del Órgano Judicial, instituciones cuya independencia debe ser respetada.
La autoridad señaló que la prioridad inmediata del Gobierno Nacional es lograr la pacificación del país y el levantamiento de los bloqueos que afectan el abastecimiento de combustible, medicamentos, alimentos y oxígeno.
“La principal condición que tenemos que tener todos los bolivianos es la pacificación y el desbloqueo. Necesitamos que pase el combustible, las medicinas, los alimentos y que la gente pueda transitar libremente”, manifestó.
No obstante, advirtió que el Ejecutivo no está dispuesto a aceptar condiciones que impliquen vulnerar el orden democrático o desconocer el Estado de derecho.
“Si el precio de eso era vulnerar la democracia con la renuncia del presidente, la respuesta es no. Si el precio de eso es vulnerar las leyes, la justicia y el Estado de derecho, la respuesta es no”, remarcó.
Finalmente, Lupo sostuvo que los hechos registrados durante los 49 días de conflicto deben ser investigados y que corresponde establecer responsabilidades para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse en el futuro.
“El abuso y el atropello no pueden imponerse sobre una sociedad sin ninguna responsabilidad. Este tipo de cosas no puede volver a ocurrir”, concluyó.
