LA PAZ 25 SEP (NÓMADA NEWS).- El Gobierno Nacional descartó nuevamente que el proceso de reorganización de las empresas públicas implique su privatización y señaló que la decisión sobre aquellas compañías estatales que no encuentren una alternativa de viabilidad y son deficitarias estará en manos del Consejo Superior Estratégico de la Empresa Pública (COSSEP).
El Viceministro de Industrialización, Gustavo Jáuregui, explicó que el Ejecutivo declaró prioritaria la reorganización, disolución y eventual liquidación de empresas públicas del nivel central del Estado mediante el Decreto Supremo 5727, aprobado el 24 de septiembre.
Jáuregui señaló que la medida se sustenta en el diagnóstico técnico elaborado por la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP) donde ocho primeras empresas deficitarias serán evaluadas por el COSSEP.
“Ustedes saben, hay un decreto supremo que establece ciertos plazos y procedimientos para concluir esa evaluación que ya se ha iniciado por parte del OFEP”, explicó Jáuregui.
Según la autoridad, el diagnóstico de la OFEP deberá ser analizado por el COSSEP, instancia que trabajará además con los diferentes ministerios que tienen bajo su jurisdicción empresas públicas para definir las acciones correspondientes.
La norma establece que, cuando el diagnóstico recomiende una reorganización, el ministerio responsable del sector tendrá un plazo máximo de 15 días hábiles para gestionar los instrumentos normativos necesarios.
Jáuregui remarcó que el proceso no constituye una privatización y que el objetivo inicial es buscar mecanismos que permitan recuperar la viabilidad de las empresas públicas.
“No se trata de una privatización, en ningún momento este gobierno ha hablado sobre ello”, afirmó.
El viceministro sostuvo que varias empresas estatales fueron recibidas con altos niveles de endeudamiento y una reducida capacidad productiva, por lo que el Ejecutivo trabaja con ellas en alternativas para mejorar su desempeño y encontrar condiciones de sostenibilidad a mediano y largo plazo.
En caso de que los diagnósticos determinen que una empresa requiere reorganización, disolución o liquidación, las decisiones deberán seguir los procedimientos establecidos en el nuevo decreto y ser evaluadas por las instancias correspondientes.
