LA PAZ 23 ABR. (NÓMADA NEWS).- La construcción del Instituto Gastroenterológico de Cuarto Nivel en Salud ubicada en la avenida Zabaleta de la ciudad de La Paz, inicialmente concebido como una obra de alto impacto para el sistema sanitario, se encuentra bajo investigación penal tras detectarse múltiples irregularidades que habrían generado un daño económico superior a los 700 millones de bolivianos.
El proyecto, adjudicado en 2018 bajo la modalidad “llave en mano” a la empresa Makiber, contemplaba el diseño, construcción, equipamiento y puesta en marcha del centro médico. Sin embargo, el proceso presentó fallas estructurales desde su ejecución.
Las alertas se intensificaron luego de un deslizamiento de terreno ocurrido el 24 de noviembre de 2024 en la zona de Miraflores, en predios cercanos al Estado Mayor, que comprometió la estabilidad de la infraestructura y generó riesgos para la seguridad.
El fiscal Wilson Medrano informó que las investigaciones evidenciaron la ausencia de estudios técnicos adecuados en las fases de preinversión, inversión y ejecución, así como deficiencias en la fiscalización del proyecto.
Informes del Colegio de Ingenieros de Bolivia y del Estado Mayor del Ejército ya advertían sobre problemas en el terreno, como fisuras, hundimientos y humedad, condiciones que lo hacían no apto para una obra de esta magnitud.
Pese a estas observaciones, en septiembre de 2024 se firmó un acta de recepción provisional y posteriormente, en diciembre de 2025, se aprobó una orden de cambio que permitió la continuidad del proyecto sin contar con estudios geológicos concluyentes.
El Ministerio Público cuantificó el perjuicio económico en más de Bs 740 millones, correspondientes a desembolsos realizados en una obra que no fue concluida ni puesta en funcionamiento, pese a que su entrega estaba prevista para abril de 2026.
En el ámbito penal, la Fiscalía imputó al representante legal de la empresa por los presuntos delitos de contratos lesivos al Estado e incumplimiento de contrato, solicitando su detención preventiva por seis meses en el penal de San Pedro.
Asimismo, al menos 15 personas —entre exautoridades, técnicos y una exministra de Salud— son investigadas por su presunta participación en la aprobación y supervisión del proyecto sin considerar los riesgos técnicos.
