LA PAZ 27 AGO (NÓMADA NEWS).- La Fiscalía Departamental de La Paz emitió este jueves una nueva orden de aprehensión contra el argentino Fernando Cerimedo, exasesor del presidente Rodrigo Paz, dentro de una investigación por el presunto delito de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, previsto en el artículo 28 de la Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz.
La resolución fiscal señala que existen suficientes indicios que vincularían a Cerimedo con el delito investigado y establece que la aprehensión tiene como objetivo garantizar su sometimiento a las investigaciones y, eventualmente, a un juicio oral. El ciudadano argentino actualmente se encuentra con detención preventiva en el penal de Palmasola, en Santa Cruz, por el proceso relacionado con el ataque contra su expareja Nadia Beller.
La nueva investigación surge en medio de las denuncias realizadas por Beller, quien acusó a Cerimedo de haber ejercido una presunta influencia dentro del gobierno y lo calificó como el “presidente en las sombras”. La activista también lo vinculó con supuestos negociados relacionados con combustible y oro, acusaciones que son materia de investigación.
En el marco de otro proceso por legitimación de ganancias ilícitas, la Fiscalía realizó allanamientos a inmuebles vinculados al argentino. Entre ellos se encuentra una oficina ubicada en la zona Sur de La Paz, cuyo alquiler tendría un costo de 25 mil bolivianos mensuales y que, según información preliminar del Ministerio Público, habría sido destinada para actividades relacionadas con su supuesto trabajo como asesor del gobierno.
Durante otros operativos, los investigadores encontraron más de medio millón de bolivianos, dólares, euros, documentación y otros elementos que serán sometidos a análisis. Uno de los hallazgos que llamó la atención de la Fiscalía fue una denominada “mini granja de bots”, cuyos fines y funcionamiento serán establecidos durante la investigación.
Con esta nueva orden, se amplía el frente judicial contra Fernando Cerimedo, quien enfrenta procesos vinculados tanto al atentado contra Nadia Beller como a investigaciones de carácter económico y patrimonial. La Fiscalía deberá determinar ahora el origen de los recursos y el alcance de las actividades que el exasesor habría desarrollado en Bolivia.
