LA PAZ 30 SEP (NÓMADA NEWS).- El Gobierno de Estados Unidos anunció que avanzará con restricciones de visa para otros 20 funcionarios bolivianos a los que identifica como “corruptos”, ampliando las medidas adoptadas contra autoridades y exautoridades del país. El Departamento de Estado informó que las restricciones forman parte de su política contra funcionarios extranjeros señalados por corrupción y por acciones que, según Washington, afectan a gobiernos democráticamente elegidos.
La administración estadounidense ya anunció medidas contra funcionarios y exfuncionarios bolivianos, entre ellos el fiscal general del Estado, Róger Mariaca Montenegro. De acuerdo con el Departamento de Estado, Mariaca habría solicitado y aceptado sobornos vinculados al narcotráfico para facilitar la evasión de la justicia de delincuentes violentos. Estas son acusaciones formuladas por el gobierno estadounidense y no constituyen por sí mismas una condena judicial.
Estados Unidos sostiene que las acciones atribuidas a Mariaca ponen en riesgo sus esfuerzos contra el narcoterrorismo y afectan las instituciones democráticas que Bolivia busca fortalecer como participante de la iniciativa denominada Escudo de las Américas. La medida contra el fiscal general contempla restricciones para su ingreso a territorio estadounidense.
Ante estos señalamientos, Mariaca afirmó que el Ministerio Público respeta la institucionalidad de otros países, pero advirtió que no permitirá interferencias, condicionamientos o afectaciones al trabajo de la Fiscalía. El fiscal general sostuvo que algunas investigaciones no han sido del agrado de determinados sectores políticos, dentro y fuera del país, y señaló que existen casos con repercusiones internacionales.
Mariaca hizo referencia directa a la investigación contra el argentino Fernando Cerimedo, exasesor del presidente Rodrigo Paz, y afirmó que las pesquisas han generado preocupación en distintos ámbitos políticos. “Ninguna presión nacional o internacional puede convertirse en un impedimento para esclarecer hechos investigados”, sostuvo, al remarcar que la obligación del Ministerio Público es investigar cuando existen denuncias de corrupción o elementos relacionados con un posible enriquecimiento ilícito.
