LA PAZ 02 JUN. (NÓMADA NEWS).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por la creciente conflictividad social que atraviesa Bolivia y exhortó al Gobierno Nacional y a los sectores movilizados a priorizar el diálogo como mecanismo para resolver la crisis que se prolonga desde inicios de mayo.
“La CIDH expresa su preocupación por la escalada de la conflictividad social en Bolivia y hace un llamado al Estado y a todos los sectores sociales involucrados a priorizar el diálogo como vía para atender las demandas sociales y garantizar el ejercicio legítimo del derecho a la movilización en una sociedad democrática”, señala el documento.
Siete fallecidos y más de 300 arrestados
La Comisión recordó que la crisis tiene como trasfondo una creciente pérdida de confianza de diversos sectores sociales hacia el gobierno y reportó que, tras 33 días de movilizaciones y operativos de desbloqueo, se registraron siete personas fallecidas.
De acuerdo con el informe, cuatro decesos estarían vinculados a la falta de atención médica oportuna, una persona murió por impacto de arma de fuego durante el denominado operativo del “Corredor Humanitario de Banderas Blancas” y otras dos personas movilizadas fallecieron en circunstancias que aún permanecen bajo investigación.
Asimismo, la CIDH reportó 23 personas heridas, 321 arrestadas, de las cuales 89 enfrentan procesos penales y 12 permanecen con detención preventiva.
El organismo también hizo referencia a los daños ocasionados a instituciones públicas y privadas durante las protestas, además de al menos 15 agresiones contra periodistas registradas en el marco de la cobertura informativa de los conflictos.
Defensa del derecho a la protesta
La Comisión reiteró que la protesta social constituye una expresión legítima de los derechos de reunión pacífica, libertad de expresión y participación ciudadana, fundamentales para la consolidación de sociedades democráticas.
En ese marco, subrayó que los actos aislados de violencia no deslegitiman una movilización en su conjunto y recordó que toda actuación estatal destinada al control de manifestaciones debe regirse por los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y excepcionalidad en el uso de la fuerza.
Sin embargo, también advirtió que los bloqueos prolongados pueden afectar gravemente otros derechos fundamentales cuando impiden el acceso a servicios de salud, alimentos, medicamentos y suministros esenciales.
Por ello, instó tanto al Estado como a los sectores movilizados a garantizar corredores humanitarios que permitan el tránsito de ambulancias, personal médico, medicamentos, oxígeno e insumos básicos para la población.
Protección a periodistas y rechazo a la criminalización
La CIDH exhortó además a las autoridades bolivianas a proteger el trabajo de periodistas, personal médico, brigadas de primeros auxilios y defensores de derechos humanos, así como a evitar cualquier forma de criminalización de la protesta social legítima.
Llamado a fortalecer el diálogo y combatir la discriminación
La Comisión aprovechó la oportunidad para reiterar al Estado boliviano la necesidad de implementar las recomendaciones contenidas en los informes “Cohesión social: el desafío para la consolidación de la democracia en Bolivia” y el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), que promueven mecanismos de diálogo democrático e intercultural para la resolución de conflictos.
Asimismo, alertó sobre el resurgimiento de expresiones de racismo y discriminación en escenarios de alta tensión social y pidió fortalecer las políticas públicas destinadas a combatir estas prácticas.
Finalmente, la CIDH ratificó su disposición para acompañar al Estado boliviano y a los distintos actores sociales mediante mecanismos de cooperación y monitoreo orientados a contribuir a la pacificación, la cohesión social y la protección de los derechos humanos.
La declaración se produce cuando Bolivia cumple 33 días de bloqueos y movilizaciones impulsadas por distintos sectores, liderados por la Central Obrera Boliviana (COB), que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Las medidas han generado severos problemas de abastecimiento de combustible, medicamentos y alimentos, especialmente en las ciudades de La Paz y El Alto.
