LA PAZ, 1 May (NÓMADA NEWS).- Varios sectores constitucionales y colectivos ciudadanos, entre ellos, la cámara de Senadores y el Defensor del Pueblo, expresaron su rechazo y condena por el asesinato del magistrado del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure Hinojosa, quien fue acribillado a tiros por sicarios, en un barrio de la ciudad de Santa Cruz.
Claure Hinojosa fue elegido magistrado de ese Tribunal en las elecciones judiciales de enero de 2025 y estaba a cargo de la Sala Primera.
“La Cámara de Senadores del Estado Plurinacional de Bolivia expresa su más enérgico repudio y profunda consternación por el trágico asesinato del Magistrado del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure”, remarca un comunicado de la Cámara Alta.
El documento afirma que ese hecho no solo enluta a su familia y seres queridos, sino también a la institucionalidad democrática del país, “al constituir un atentado contra la Justicia y el Estado de Derecho”
Así mismo, la Cámara de Senadores dice que la pérdida de una autoridad judicial, en circunstancias violentas, no puede quedar impune y confía “en que las instancias competentes del sistema judicial y las fuerzas del orden llevarán adelante una investigación inmediata, transparente y exhaustiva que permita identificar y sancionar con todo el rigor de la ley a los autores materiales e intelectuales de ese crimen”.
Por su parte, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, expresó su consternación por el asesinato de Claure Hinojosa y exigió una investigación oportuna y acciones firmes contra el crimen organizado
A través de sus cuentas en redes sociales, el Defensor del Pueblo dijo que ese crimen “no puede quedar en la impunidad”, remarcando la necesidad de garantizar el debido proceso durante las investigaciones.
“Lamentamos profundamente el asesinato del magistrado decano del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure Hinojoza, ocurrido en Santa Cruz de la Sierra. Este hecho de extrema violencia no puede quedar en la impunidad”, refrendó.
En esa línea exigió una investigación “exhaustiva, transparente y oportuna que permita identificar y sancionar a los responsables, garantizando el debido proceso”.
Recordó que la protección de la vida y la seguridad de la población constituyen obligaciones fundamentales del Estado, por lo que exhortó a las instituciones competentes a actuar con celeridad para brindar certidumbre y tranquilidad a la población boliviana.
“La protección de la vida y la seguridad de la población constituyen obligaciones fundamentales del Estado. Las instituciones competentes deben actuar con celeridad y brindar certidumbre y tranquilidad al pueblo boliviano”, puntualizó.
Reiteró su preocupación por los hechos de violencia extrema, registrados en el país, y reafirmó la necesidad de fortalecer las acciones de prevención, seguridad ciudadana y lucha contra las estructuras criminales que amenazan la vida y la convivencia pacífica de la sociedad.
Red Central-rsl
