LA PAZ 07 SEP (NÓMADA NEWS).- El abogado defensor del argentino y exasesor presidencial Fernando Cerimedo, Ramiro Vega, afirmó que presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, documentación y pruebas con las que pretende demostrar que el Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, ya conocía denuncias relacionadas con vuelos irregulares registrados en el departamento del Beni.
Según Vega, esos vuelos estarían presuntamente vinculados al transporte de sustancias controladas y habrían utilizado los nombres de su defendido y del ministro de Gobierno, Antonio Oviedo, para realizar operaciones con avionetas en territorio beniano.
El jurista cuestionó que el Ministerio Público haya iniciado una investigación por estos hechos cuando, según su versión, Cerimedo ya había presentado anteriormente una denuncia sobre el supuesto uso de su nombre.
La Fiscalía Departamental del Beni abrió una investigación por la presunta protección a vuelos irregulares vinculados al tráfico de sustancias controladas en el municipio de Santa Ana del Yacuma. El fiscal departamental, Alexander Mendoza, informó que la pesquisa podría ampliarse contra particulares o funcionarios públicos si aparecen nuevos indicios.
“Está la denuncia presentada hasta en el sistema judicial que le hizo Fernando Cerimedo en el sentido que usaban su nombre y del ministro de Gobierno, Oviedo, para sacar avionetas en el Beni”, afirmó Vega.
Defensa denuncia un supuesto “montaje”
A partir de estos antecedentes, el abogado sostuvo que existen elementos para considerar que el proceso contra Cerimedo habría sido “armado” y cuestionó además un peritaje realizado al teléfono celular de su defendido.
Vega afirmó que en el dispositivo existirían elementos que podrían favorecer a Cerimedo y acusó a quienes realizaron el peritaje de haber utilizado el procedimiento para eliminar pruebas. También señaló que un testigo que, según su versión, podría acreditar el origen de una nota encontrada en el celular estaría actualmente prófugo.
El abogado fue más allá y calificó el proceso como parte de una presunta operación política. Incluso afirmó que se habría montado un supuesto “golpe de Estado” para favorecer el retorno de sectores de izquierda al poder, formulando además acusaciones de vínculos con el narcotráfico, sin presentar públicamente en sus declaraciones pruebas que permitan corroborar esas afirmaciones.
Piden protección internacional
Vega explicó que decidió remitir la documentación a la CIDH porque, según su criterio, existe el riesgo de que elementos de prueba puedan ser ocultados o eliminados dentro de Bolivia.
En ese contexto, informó que solicitó medidas de protección para Fernando Cerimedo, argumentando que su defendido estaría sometido a presiones por parte de autoridades.
El jurista aseguró además haber recibido amenazas y manifestó preocupación por su seguridad y la de su familia, responsabilizando de manera directa al fiscal general Roger Mariaca y a otros fiscales por la situación que, según su denuncia, estaría atravesando.
“Sé que me estoy arriesgando al hacer esto”, sostuvo Vega, al pedir protección para su defendido, para él y para su familia.
