LA PAZ 02 JUL. (NÓMADA NEWS).- El Vicepresidente del Estado, Edmad Lara, informó que la mayoría de las fuerzas políticas con representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional alcanzó un acuerdo para que las acefalías existentes en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sean cubiertas exclusivamente mediante elecciones judiciales, descartando cualquier designación de magistrados a través de una ley.
El consenso fue plasmado en un acta suscrita por representantes del PDC, Libre, Súmate, Alianza Popular y delegados de pueblos indígenas, mientras que Alianza Unidad decidió no adherirse al documento.
El acuerdo también establece que la Cámara de Diputados deberá tratar con carácter de urgencia los proyectos de ley destinados a garantizar el funcionamiento transitorio del TCP y del TSJ. Estas normas deberán incluir la fecha para la realización de las futuras elecciones judiciales.
El Presidente de la Asamblea Legislativa y Vicepresidente del Estado, afirmó que el consenso alcanzado ratifica el respeto irrestricto a la Constitución Política del Estado y cierra la posibilidad de nombramientos directos de magistrados.
«Las fuerzas políticas que componen la Asamblea no están de acuerdo con que se elija mediante ley a los magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. La única forma de elegirlos es a través de elecciones judiciales», sostuvo Lara.
La autoridad enfatizó que la Asamblea respetará el mandato constitucional y descartó cualquier mecanismo de designación por decisión política.
«No habrá dedazos ni imposiciones. La elección de magistrados será mediante voto ciudadano, conforme establece la Constitución Política del Estado», remarcó.
Durante la reunión también llamó la atención la ausencia de las principales autoridades del Órgano Judicial, entre ellas los presidentes del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Constitucional Plurinacional y del Consejo de la Magistratura, quienes habían sido convocados al encuentro.
El acuerdo legislativo surge en medio del debate sobre la crisis institucional que atraviesa el sistema judicial y busca establecer un mecanismo constitucional para cubrir las vacancias existentes, preservando la legalidad del proceso y garantizando que la renovación de magistrados se realice mediante elecciones judiciales.
