LA PAZ 18 Nov. (NÓMADA NEWS).- En el marco de una política de modernización institucional y optimización del gasto público, el vicepresidente Edmand Lara presentó este lunes a la bancada del Partido Demócrata Cristiano (PDC) un proyecto de ley destinado a revisar y suprimir la renta vitalicia que actualmente perciben expresidentes y exvicepresidentes del país.
La propuesta se enmarca en una estrategia más amplia de reordenamiento fiscal, cuyo objetivo es reasignar recursos hacia programas sociales prioritarios y fortalecer la sostenibilidad financiera del Estado. Según explicó Lara, la medida responde a la necesidad de adecuar los beneficios de las altas autoridades a la realidad económica del país y a estándares internacionales de gestión pública responsable.
“Bolivia enfrenta hoy el desafío de utilizar cada boliviano con eficiencia y sentido social. La renta vitalicia de exmandatarios es un mecanismo que ya no se ajusta a las exigencias actuales de austeridad, transparencia y modernización del Estado. Esta iniciativa busca que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan”, señaló el vicepresidente.
Actualmente, cinco expresidentes y dos exvicepresidentes perciben una renta mensual equivalente a diez salarios mínimos, lo que representa montos que superan los Bs 2,4 millones anuales. El proyecto de ley plantea redirigir estos fondos hacia áreas como salud, educación, protección social y atención a sectores vulnerables.
Lara indicó que la revisión de este tipo de beneficios es una tendencia presente en distintos países de la región, donde se ha optado por reducir gastos inherentes a la alta función pública para fortalecer políticas públicas con impacto ciudadano. “Estamos trabajando para garantizar un Estado más eficiente, más ordenado y con mayor credibilidad ante la población. Esta reforma es parte de ese camino”, afirmó.
La propuesta será remitida a la Asamblea Legislativa para su correspondiente debate. El vicepresidente expresó su intención de convocar a todas las fuerzas políticas a un análisis técnico y responsable que permita avanzar en una reforma que —según dijo— “marca un paso importante en la construcción de un Estado moderno, sostenible y cercano a la ciudadanía”.
