LA PAZ 30 Oct. (NÓMADA NEWS).- El Senado Nacional aprobó este miércoles el informe final de la comisión especial que investigó los sucesos del 26 de junio de 2024, jornada en la que un grupo de militares ingresó a la plaza Murillo y ahora determina que no fue Golpe de Estado. Con este paso, se da por concluida la indagación legislativa sobre el caso, tras varios meses de recopilación de documentos, testimonios y análisis técnico-militares.
El informe, que consta de más de 40 archivadores de documentación, establece que los hechos no configuraron un golpe de Estado, pero sí revelan fallas en la cadena de mando y en los mecanismos de supervisión institucional. El documento también recomienda fortalecer los controles democráticos sobre las Fuerzas Armadas y promover reformas que garanticen una mayor transparencia y responsabilidad en la conducción militar.
El senador Félix Ajpi (MAS), presidente de la comisión, explicó que las conclusiones apuntan a un “movimiento militar descoordinado y carente de respaldo político”, protagonizado por el entonces comandante Juan José Zúñiga, quien habría actuado de manera unilateral.
“No existió un plan estructurado de derrocamiento ni coordinación política. Lo ocurrido fue un movimiento militar con fines distractivos y sin objetivo de golpe”, indicó Ajpi.
Entre las recomendaciones más relevantes del informe se incluye la investigación al exministro de Gobierno, Eduardo Castillo, por las órdenes emitidas durante la aprehensión de los efectivos involucrados, así como la revisión del proceso disciplinario militar de los uniformados dados de baja tras el operativo.
El documento también destaca la importancia de que los futuros procesos de investigación garanticen la independencia de los órganos del Estado y el acceso irrestricto a las fuentes de información, luego de que la comisión no lograra tomar declaración directa del excomandante Zúñiga por disposición del Ejecutivo.
Con la aprobación del informe final, el Senado cerró oficialmente la investigación, enfatizando que el episodio del 26 de junio debe servir como lección institucional para evitar tensiones entre el poder civil y las Fuerzas Armadas, reafirmando así el principio constitucional de subordinación militar al mando democrático.
