ORURO, 21 Ene (NÓMADA NEWS).- El presidente del Concejo Municipal de Oruro, Samuel Mendizabal, posesionó a los miembros del Tribunal de Imprenta tras la selección de 40 “ciudadanos honorables”, entre hombres y mujeres que residen en este municipio.
«La conformación del Tribunal de Imprenta garantiza el derecho de informar y opinar libremente, pero también se debe hacerlo con responsabilidad y respeto. Los miembros hoy posesionados tienen la misión de cumplir esta función con ética, responsabilidad y compromiso», dijo Mendizabal, en su discurso.
En el acto, el presidente de la Asociación de Periodistas de Oruro afirmó que la Ley de Imprenta, desde su promulgación, hace 101 años, «ha sido crucial para proteger el ejercicio libre y responsable del periodismo en Bolivia».
En la misma línea el presidente del Colegio de Comunicadores Willy Cabezas destacó que la conformación del Tribunal de Imprenta se constituye en un «atajo frente a las tentaciones autoritarias y de empoderamiento de quienes detentan el poder (…) si tenemos claridad sobre las normas bien podemos evaluar nuestro propio trabajo y cumplir de mejor forma nuestro servicio a la ciudadanía», aseveró.
Previo al acto, el comunicador y abogado Andrés Gómez, fue invitado a brindar una exposición sobre el rol fundamental que cumple este Tribunal de Imprenta en la sociedad.
Puntualizó que el Tribunal de Imprenta no es un órgano judicial ordinario y está conformado por 40 ciudadanos de los cuales, solo 12 actúan como jurado en cada proceso, tras un sorteo y un mecanismo de recusación similar al sistema de jurados de Estados Unidos.
“Este método garantiza el equilibrio, imparcialidad y participación ciudadana en el juzgamiento de los periodistas”, subrayó.
Precisó que los delitos que pueden ser conocidos por este tribunal incluyen faltas contra la Constitución, delitos contra la sociedad (como la instigación al odio o la violencia) y delitos contra el honor, tales como la difamación, la calumnia y la injuria.
Subrayó que los funcionarios públicos están obligados a llevar sus denuncias contra los periodistas ante un Tribunal de Imprenta y no ante la justicia ordinaria, salvo cuando el comunicador se involucre en la vida privada del funcionario y no en su función pública.
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