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Parlamentarios del bloque de Edmand Lara denuncian que nuevo viceministerio es “un golpe a la Vicepresidencia”

LA PAZ, 19 Nov. (NÓMADA NEWS).- Parlamentarios que respaldan al vicepresidente Edmand Lara alertaron este miércoles sobre lo que califican como una “grave vulneración constitucional” derivada de la creación del Viceministerio de Coordinación Política y Legislativa, establecido mediante el Decreto Supremo 5488 emitido por el Órgano Ejecutivo.

El diputado orureño Juan Pablo Quispe, vocero del bloque legislativo, afirmó que las atribuciones asignadas al nuevo viceministerio “invaden competencias exclusivas” del vicepresidente del Estado establecidas en el artículo 174 de la Constitución Política del Estado (CPE).

Según explicó, el decreto otorga al viceministro designado funciones como coordinar con la Asamblea Legislativa Plurinacional, articular relaciones con el Órgano Legislativo, hacer seguimiento a iniciativas del Ejecutivo y participar en procesos de ratificación de ascensos en las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, además de nombramientos diplomáticos.

“Este viceministro, nombrado a dedo, termina teniendo las mismas atribuciones que el vicepresidente. Eso convierte a esta autoridad en un segundo vicepresidente, relegando al vicepresidente Edmand Lara y dejándolo prácticamente fuera de sus funciones constitucionales”, denunció.

Quispe calificó la medida como “un golpe a la Vicepresidencia”, cuestionando que el Ejecutivo “esté debilitando una institución fundamental del Estado con decisiones que contradicen abiertamente la Constitución”.

El diputado también criticó la política de designaciones del Gobierno, señalando que se está recurriendo a figuras de la “vieja política” en lugar de convocar a profesionales capacitados del propio país.

“No podemos seguir nombrando autoridades de los gobiernos anteriores. En Bolivia hay profesionales idóneos, tanto aymaras como quechuas, del occidente y del oriente, capaces de tomar decisiones por el país”, sostuvo.

El bloque anunció que se mantiene en alerta y analiza medidas políticas y legales para frenar lo que consideran una “invasión de competencias” y una “distorsión institucional” que afecta el rol del vicepresidente del Estado.

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