CHUQUISACA 29 JUN. (NÓMADA NEWS).- El Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, advirtió que, si el gobierno no atiende las demandas del Órgano Judicial en un plazo de 20 días, se iniciará un paro nacional escalonado que podría culminar en una suspensión indefinida de las actividades judiciales en todo el país.
El anuncio se produjo luego de que jueces y vocales expusieran ante las autoridades la situación institucional que atraviesa la administración de justicia, especialmente presupuestarias, y solicitaran una respuesta del Órgano Ejecutivo a las observaciones y requerimientos planteados.
Según indicaron, actualmente se encuentran en revisión diversos proyectos de ley relacionados con el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Agroambiental, además de otros temas vinculados al fortalecimiento institucional y presupuestario del sistema judicial.
“Hemos escuchado a los jueces y a los vocales que han venido y ellos nos han dado un plazo de 20 días para que podamos tener respuesta del Ejecutivo”, señaló Saucedo.
Advirtió que, de no existir una respuesta satisfactoria dentro del plazo establecido, se aplicará un plan de movilizaciones progresivo.
La primera medida consistirá en un paro nacional de 24 horas. En caso de no obtener resultados, la protesta se ampliará a 48 y posteriormente a 72 horas, con la posibilidad de declarar un paro indefinido en todo el sistema judicial.
“Si no somos atendidos en los próximos 20 días, lastimosamente la justicia irá a un paro nacional. Inicialmente por 24 horas, posteriormente 48, 72 y, si es necesario, llegaremos al paro indefinido de la justicia en Bolivia”, advirtió.
El órgano Judicial sostiene que el objetivo de las medidas es lograr que el Estado atienda las necesidades del Órgano Judicial y garantice las condiciones necesarias para su funcionamiento.
De concretarse la medida, miles de procesos judiciales, audiencias y trámites podrían verse afectados en todo el país, por lo que las próximas semanas serán decisivas para determinar si el diálogo entre el Ejecutivo y el Órgano Judicial permite evitar la paralización de uno de los servicios esenciales del Estado.
