LA PAZ 10 ABR. (NÓMADA NEWS).- Nuevas denuncias sobre presuntas irregularidades en la compra de combustibles y posibles vínculos entre exautoridades y empresas privadas han generado polémica y pedidos de investigación en el país.
El senador Branko Marinkovic afirmó que el expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly, habría trabajado como consultor para una empresa vinculada al entorno familiar del expresidente Luis Arce Catacora.
Según Marinkovic, existirían documentos que respaldarían un contrato de consultoría suscrito hace algunos años, lo que —a su criterio— explicaría por qué durante su gestión no se habrían resuelto los problemas relacionados con la calidad del combustible.
Asimismo, aseguró que se cuenta con informes que evidenciarían que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) habría observado la calidad del combustible, pero aun así se habría permitido su adquisición tanto en diésel como en gasolina.
“Tenemos documentación que muestra que se conocía la mala calidad del combustible y aun así se procedió con la compra”, sostuvo, señalando que se solicitará información para identificar a los beneficiarios finales de las empresas involucradas.
Por su parte, el diputado Rolando Pacheco fue más allá y planteó sospechas de que en la actual gestión también podrían existir negociaciones irregulares en torno a la compra de carburantes. En ese sentido, cuestionó la falta de transparencia en los contratos y adendas suscritos por el gobierno.
El legislador incluso insinuó posibles responsabilidades en altos niveles del Ejecutivo, aunque no presentó pruebas concluyentes, por lo que instó a que se investiguen los hechos y se esclarezca la situación.
Las denuncias se dan en medio de una crisis por la calidad y abastecimiento de combustibles, que ha derivado en protestas del sector transporte y cuestionamientos a la gestión del área de hidrocarburos. Hasta el momento, las autoridades aludidas no se han pronunciado oficialmente sobre estas acusaciones, mientras crecen las demandas de una investigación transparente para determinar si existieron irregularidades o conflictos de interés en la administración del sector energético.
