LA PAZ, 15 Dic (NÓMADA NEWS).- El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, publicó este lunes un informe sobre las gestiones de las dos últimas décadas que, estableció que las empresas estatales “no fueron creadas para producir, sino para permitir el saqueo” y estableció que, en esa acción, están las cifras que explican la actual crisis de divisas, porque se desembolsaron 7.550 millones de dólares de las reservas del país, de los cuales, sólo fue devuelto el 18%.
“Las empresas públicas no fueron creadas para producir; fueron creadas para permitir el saqueo. Hoy confirmamos que estas entidades fueron la tubería por la que se fugó el dinero de los bolivianos”, puntualizó tras presentar el informe en la Casa Grande del Pueblo.
Dijo que la investigación, basada en una auditoría forense de la Oficina de Fortalecimiento de Empresas Públicas, confirma un hallazgo que cambia radicalmente la narrativa nacional: las empresas públicas deficitarias no fallaron por incompetencia técnica; fueron creadas deliberadamente para permitir el saqueo.
Remarcó que, lo que se vendió al país como “soberanía productiva” e “industrialización” fue, en la práctica, una fachada administrativa diseñada para drenar las Reservas Internacionales, los ahorros de los bolivianos y convertirlos en gasto corriente y enriquecimiento ilícito.
El informe, titulado “Saqueo Institucional”, expone la estructura que operó bajo la protección del poder político, en esa línea, los datos revelan que la ineficiencia no fue un accidente, sino una característica de diseño para cumplir tres objetivos oscuros:
Canalizar gasto público sin control: Se eludieron los filtros de fiscalización estándar bajo la excusa de la “agilidad empresarial”.
Simular inversión y crecimiento inexistente: Se construyeron elefantes blancos para inflar las cifras del PIB mientras la economía real se contraía.
Generar «cajas negras»: Las empresas funcionaron como mecanismos para financiar redes de poder político y estructuras clientelares, lejos del escrutinio ciudadano.
A su juicio, el impacto macroeconómico es directo: las reservas cayeron no por inversión productiva, sino porque el Estado gastaba sin retorno real.
En esa línea, el país fue sostenido artificialmente mediante deuda y manipulación contable, mientras la producción era una ficción: de 174 plantas industriales analizadas, solo el 11% (19 plantas) están operativas. El resto son cascarones vacíos, obras paralizadas o proyectos sin mercado.
El daño económico directo -sin contar el costo de oportunidad ni la fuga de capitales- asciende a 2.595 millones de dólares; una cifra que representa la dimensión de la herida infligida al patrimonio nacional, subraya un boletín de prensa.
Red Central-rsl
