LA PAZ 08 ABR. (NÓMADA NEWS).- Autoridades nacionales intervinieron el Centro de Acogida Niño Jesús de Obrajes tras denuncia por presunto maltrato infantil contra menores de edad, en un caso que ha generado profunda preocupación y abrió una investigación penal para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
La acción se produjo luego de que se difundieran imágenes que evidenciarían agresiones contra niños al interior del hogar, lo que motivó una respuesta inmediata de instancias estatales. Según se informó, el material ya forma parte de las investigaciones en curso, aunque los detalles se manejan bajo estricta reserva debido a la edad de las víctimas.
Desde la Dirección de la Niñez y Adolescencia se confirmó que existen indicios que respaldan la denuncia, por lo que se solicitó que el Ministerio Público asuma las acciones correspondientes. Asimismo, se pidió la desvinculación de la funcionaria presuntamente involucrada mientras avanzan las indagaciones.
El caso no sería aislado, legisladores departamentales como Israel Alanoca advirtió que existirían antecedentes de hechos similares dentro del mismo centro, lo que amplía la investigación sobre el funcionamiento del lugar y las condiciones en las que vivían los menores.
Durante inspecciones, asambleístas reportaron haber evidenciado lesiones en al menos cuatro niños, incluyendo heridas en la cabeza y cuello, además de condiciones deficientes en la infraestructura del hogar. También se mencionaron denuncias adicionales de mayor gravedad que aún están siendo verificadas.
El Ministerio Público inició una investigación de oficio por un presunto caso de maltrato infantil tras denuncias difundidas en redes sociales y por autoridades legislativas. La intervención se realizó con apoyo de un equipo multidisciplinario que busca esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torres, informó que en la intervención participaron el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos, la Policía Boliviana y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Durante la acción, se procedió a la valoración médica y psicológica de los menores presuntamente afectados.
“Se está realizando la valoración a cada uno de los niños, tanto por médicos forenses como por psicólogos”, señaló la autoridad, quien además confirmó que tres personas fueron conducidas en calidad de testigos: la administradora del centro, la psicóloga y la trabajadora social.
Según el reporte fiscal, existen contradicciones en las declaraciones de estas personas, lo que ha motivado ampliar las indagaciones. Asimismo, se busca establecer el paradero de la principal sospechosa, quien habría estado a cargo del cuidado de los menores.
El proceso fue abierto por el delito de violencia familiar o doméstica, contemplado en el artículo 272 bis del Código Penal, considerando que los presuntos responsables tenían la tutela de los niños.
Otro de los aspectos que se investiga es la situación laboral de la principal implicada, ya que versiones preliminares señalaban que habría sido desvinculada anteriormente; sin embargo, se presume que continuaba ejerciendo funciones en el mismo centro.
Este caso ha generado preocupación en la ciudadanía y reabre el debate sobre los mecanismos de control y supervisión en centros de acogida, especialmente en lo referido a la protección de niños, niñas y adolescentes bajo resguardo del Estado.
