SANTA CRUZ 07 Oct. (NÓMADA NEWS).- En medio de una creciente ola de avasallamientos de tierras en el oriente boliviano, un contingente policial de más de 250 efectivos arribó este martes al municipio de Ascensión de Guarayos, con el objetivo de recuperar una propiedad privada que fue violentamente tomada el pasado fin de semana.
El despliegue, coordinado por el Ministerio de Gobierno, busca no solo liberar el predio en disputa, sino también garantizar la seguridad de los trabajadores y productores agrícolas afectados por la toma irregular.
“No se puede permitir que la violencia y la ilegalidad se impongan sobre el derecho a la propiedad”, señalaron fuentes del Viceministerio de Régimen Interior.
Según los reportes oficiales, el grupo de avasalladores —alrededor de 150 personas armadas— ingresó de forma violenta al predio ubicado en la carretera a Trinidad, donde causó destrozos materiales, robó ganado y retuvo por varias horas a trabajadores del lugar.
El abogado Álvaro La Torre, representante legal de los propietarios, denunció que los daños superan lo material, pues los hechos generaron temor y pérdidas millonarias.
“Han destruido corrales, arrancado horcones y hasta ocupado viviendas. También se llevaron más de 100 reses. Esto no puede quedar impune”, afirmó a El Deber.
El Ministro de Gobierno, Roberto Ríos, junto al viceministro Jhonny Aguilera y el comandante departamental de la Policía, Rolando Rojas, confirmaron que el operativo se mantendrá activo hasta restablecer plenamente el orden y capturar a los cabecillas de la toma.
Además, el Gobierno advirtió que no tolerará más hechos de violencia en el agro, subrayando que los conflictos por tierras deben resolverse en el marco de la ley y las instancias judiciales correspondientes.
“Bolivia necesita paz, trabajo y respeto a la propiedad. Estos hechos afectan la producción, la inversión y el empleo en regiones agrícolas estratégicas”, destacó una fuente gubernamental.
Mientras tanto, los propietarios del predio hacen un llamado a los invasores a retirarse pacíficamente para evitar enfrentamientos y nuevas pérdidas.
El conflicto en Guarayos vuelve a poner sobre la mesa la urgencia de una política integral de control y prevención de avasallamientos, así como la coordinación entre instituciones del Estado, autoridades judiciales y organizaciones campesinas para preservar la seguridad jurídica en el país.
