LA PAZ 11 Dic. (NÓMADA NEWS).- El Fiscal Departamental de La Paz, Luis Carlos Tórrez, informó sobre los fundamentos jurídicos y antecedentes que derivaron en la emisión y ejecución de la orden de aprehensión contra el expresidente Luis Alberto Arce Catacora, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en el Fondo de Desarrollo para Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (FONDIOC).
Tórrez aclaró que la emisión de la orden de aprehensión se realizó conforme a las facultades del artículo 226 del Código de Procedimiento Penal, respaldadas por la Sentencia Constitucional 0346/2016-S2 del Tribunal Constitucional Plurinacional, que establece los dos mecanismos de actuación fiscal:
1. Emisión directa de orden de aprehensión, cuando existen indicios de probabilidad de autoría y riesgos procesales (fuga u obstaculización).
2. Emisión de citación, para que el investigado comparezca a declarar.
En este caso —indicó— la Fiscalía optó por la aprehensión directa debido a la valoración de dichos riesgos procesales.
“El Ministerio Público ha actuado conforme al procedimiento, la normativa y la línea jurisprudencial. La orden de aprehensión ha sido emitida dentro de nuestras facultades y ejecutada por el brazo operativo, la Policía Boliviana”, señaló Tórrez.
Asimismo, ante críticas difundidas en redes sociales, el Fiscal Departamental aseguró que la actuación fiscal no vulneró derechos ni garantías, pues se ajustó al marco legal vigente y a los estándares constitucionales que regulan la investigación penal.
El Fiscal Departamental señaló que el Fondo Indígena, en calidad de parte denunciante, presentó un memorial solicitando la ampliación de la investigación hacia Arce Catacora por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. A ello se sumó un informe de la Comisión de Investigadores, que recomendó formalmente la ampliación.
El señalamiento hacia Arce se sustenta, según Tórrez, en su participación en una reunión ordinaria del Directorio del FONDIOC en 2009, cuando ejercía funciones como ministro de Economía y Finanzas Públicas. La Fiscalía sostiene que, durante su gestión, se habrían autorizado o promovido desembolsos irregulares de recursos estatales hacia cuentas particulares, sin respaldo legal ni normativo.
El daño económico preliminar reportado por el Fondo Indígena asciende a 925 millones de bolivianos, cifra que continúa en valoración dentro de la investigación.
La Comisión de Fiscales continúa la revisión integral de los antecedentes, informes y elementos probatorios, mientras el caso avanza bajo control jurisdiccional del juez cautelar competente.
