LA PAZ, 27 Mar (NÓMADA NEWS).- El Procurador General del Estado reafirmó este jueves su compromiso de seguir trabajando por defender y precautelar, judicial y extrajudicialmente, los intereses del Estado boliviano, asegurando su representación legal ante instancias nacionales e internacionales de manera transparente.
“Hoy reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando conforme al mandato constitucional, según lo establecido en la Ley 064; pero sobretodo, conforme al mandato de nuestro pueblo boliviano, que nos ha encomendado que debemos luchar contra la corrupción y contra la impunidad, en el marco de la transparencia. Continuaremos defendiendo y precautelando los intereses del Estado”, afirmó en la “Rendición Pública de Cuentas Final Gestión 2024”.
En su informe subrayó que, en 2024, la Procuraduría General del Estado (PGE) logró ahorrar un total de 131.266.531 dólares al Estado, a través de la Subprocuraduría de Defensa y Representación del Estado.
“En la defensa de los intereses del Estado a nivel internacional hemos logrado más de 131 millones de dólares americanos, como una suerte de generar ahorro para el Estado boliviano, a través de arbitrajes internacionales, de soluciones amistosas en materia de derechos humanos y otros”, argumentó.
Asimismo, destacó que, a través de la Subprocuraduría de Supervisión e Intervención, se realizó el seguimiento a 284 procesos judiciales; la intervención a otros 360 procesos y se obtuvo 38 sentencias, entre las que resalta el caso denominado “Misiles Chinos”, proceso en que la Procuraduría General del Estado junto al Ministerio Público, el Ministerio de Defensa y el Comando General del Ejército, logró una Resolución que ordena el pago de 3.005.280 dólares a los ocho sentenciados en ese caso.
En cuanto a los casos atendidos desde la Subprocuraduría de Asesoramiento, Investigación y Producción Normativa, la autoridad informó que desde la Procuraduría se impulsó la aprobación de 4 Decretos Supremos, entre los que se encuentra la norma que determina el incremento de la multa por quemas ilegales en nuestro país.
“El año pasado logramos modificar el Decreto Supremo que estipulaba el cobro de 20 centavos de dólar por hectárea quemada ilegalmente. Ahora, esa multa se incrementó a más de 900 UFVs”, remarcó la autoridad, al precisar que ese monto, traducido en bolivianos, signidca. 2.500 bolivianos por hectárea quemada ilegalmente.
De igual forma, detalló que desde la Subprocuraduría de Asesoramiento, Investigación y Producción Normativa se avanzó en el marco del análisis de la legalidad de contratos nacionales y extranjeros, donde se atendió el Contrato Eximbank – China; asimismo, sobre la investigación, análisis y sistematización de información se revisaron 7 opiniones especializadas y 2 investigaciones en materia ambiental; respecto al análisis jurídico de convenios y tratados internacionales, se mencionó 8 instrumentos internacionales, como el Memorando Bolivia – Arabia Saudita, entre otros.
Condori destacó que en la gestión 2024 se registraron 17.232 nuevos procesos, a nivel nacional; para un total de 111.878 procesos registrados y actualizados en el Registro Obligatorio de Procesos del Estado (ROPE); acerca del sistema de Registro de Abogados del Estado (RAE), explicó que al momento se tienen 1.914 abogados inscritos.
Finalmente, la autoridad enfatizó el compromiso de contribuir con la formación de profesionales abogados que impulsa la PGE, a través de la Escuela de Abogados del Estado, desde donde se brindaron 3 maestrías y 8 diplomados especializados, en 2024; año en el que se otorgaron 4.924 diplomas en programas de capacitación continua y 1.100 certificados de especializaciones.
“Gracias a esta capacitación, hoy reafirmamos que nuestros abogados están plenamente capacitados para poder defender al país. Ya no necesitamos de abogados extranjeros, nuestros abogados bolivianos se capacitan tanto en litigio local, como en arbitraje comercial, inversiones, entre otros”, remarcó.
La “Rendición Pública de Cuentas Final Gestión 2024 de la PGE” se desarrolló en la ciudad de El Alto, con la participación de representantes de las Unidades de Transparencia de instituciones públicas del Estado y el acompañamiento de dirigentes de organizaciones sociales, sindicales, municipales y comunales del departamento de La Paz.
Red Central-rsl
