LA PAZ, 18 Seo (NÓMADA NEWS).- En el mundo, de las 300.000 hectáreas de hoja de coca que figuran en el informe mundial sobre la cocaína 2023, publicado por la ONU, sólo cerca de 20.000 hectáreas son legales, la mayoría en Bolivia.
El informe del sistema integrado de monitoreo de cultivos ilícitos de la oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito, hecho público el 11 de septiembre en Bogotá, asegura que Colombia posee 230.000 hectáreas de coca, evidenciando que este país es el contribuyente mayoritario del negocio del narcotráfico.
La legalidad de los cultivos de coca en Bolivia viene desde la ley 1.008, promulgada en el gobierno de facto de Hugo Bánzer Suárez, con 12.000 hectáreas en los Yungas de La Paz y Vandiola (Cochabamba). Esta superficie se incrementó a partir de 2004, en el gobierno de Carlos Mesa Gisbert, porque se legalizó el cultivo de coca en el Chapare cochabambino, estableciendo que cada familia podía cultivar un cato de coca (1.600 metros cuadrados). Esta norma imposibilita fijar un límite, porque el número de familias, como en toda sociedad, se incrementa. El artículo 384 de la Constitución vigente dice: “El Estado protege a la coca originaria y ancestral como patrimonio cultural, recurso natural renovable de la biodiversidad de Bolivia, y como factor de cohesión social; en su estado natural no es estupefaciente”.
Perú, según informaron el 5 de julio de 2023, tiene 61.200 hectáreas de coca. Si la estimación de las 300.000 hectáreas fuese absoluta, con las 230.000 hectáreas de Colombia, Bolivia debería figurar con 8.800 hectáreas, lo que es increíble. Sin embargo, lo evidente es que del total reportado sólo unas 20.000 hectáreas de coca son legales, la casi totalidad en Bolivia.
Colombia y Perú tienen mínimas cantidades de sembradíos de coca legal, en aplicación de la convención única sobre estupefacientes de 1961, cuyo artículo 27 establece que los Estados adheridos al acuerdo “podrán autorizar el uso de hojas de coca para la preparación de un agente soporífero que no contenga ningún alcaloide y, en la medida necesaria para dicho uso, autorizar la producción, importación, exportación, el comercio y la posesión de dichas hojas. Este artículo hace posible, por ejemplo, que la multinacional estadounidense The Coca Cola Company importe, procese y use comercialmente hojas de coca desde Perú, por medio de la Empresa Nacional de la Coca, para la elaboración de su producto más comercial. En el caso colombiano, su legislación permite a los indígenas consumir hojas de coca y pequeñas cantidades de cocaína (y marihuana) para uso personal, aunque la venta de cualquier cantidad es ilegal.
Bolivia se retiró de la convención de 1961 en 2012, con el fin de re adherirse a ella con una reserva sobre la masticación de la coca. En 2013, la Asamblea General de la ONU aceptó el reingreso de Bolivia al tratado, con lo que, además de figurar en la Constitución, se legalizó el cultivo de la hoja de coca, lo que no sucede en Colombia ni en Perú. Colombia ratificó la convención 3 de marzo de 1975 y Perú el 22 de julio de 1964.
Joe Biden, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, emitió la “Presidential Determination N°2023-12”, por la comunicó su decisión de desertificar a Bolivia, Venezuela y Myanmar, pero manteniendo la certificación de Colombia, decisión que posibilitará la recepción de ayuda financiera, logística y policial en el año fiscal de 2024. El presupuesto para las agencias del Programa Nacional de Control de Drogas estadounidense será de 46.1 mil millones de dólares, superando en 2.000 millones al de la gestión 2023. Bolivia está desertificada y no recibirá ni un dólar estadounidense en su combate contra el narcotráfico.
Césal
