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El Poder Judicial de Perú confirma la prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS).- El Poder Judicial de Perú ha confirmado este martes la prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo tras declarar infundado el recurso de apelación con el que pretendía una revisión de la medida, por lo que continuará en el penal de Barbadillo, donde ingresó en diciembre de 2022, cuando presionado por el Congreso anunció su disolución y la convocatoria de nuevas elecciones.

«Con esta decisión, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema confirmó la decisión del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, expedida el 27 de diciembre de 2023, que también desestimó la solicitud del investigado exmandatario», reza un comunicado.

La sala ha determinado que las pruebas presentadas por la defensa de Castillo no han resultado pertinentes para tomar una decisión en torno a dejar sin efecto la prisión preventiva, puesto que cuestionó que los vídeos entregados se encontraban recortados y no formaban parte de una fuente original.

Con estas medidas, el expresidente estará en prisión hasta marzo de 2026. Castillo cumple actualmente 18 meses de prisión preventiva por el supuesto golpe de Estado, caso por el cual la Fiscalía ha pedido una condena de 34 años de prisión por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública; y una segunda prisión preventiva de 36 meses en el marco de la investigación por presuntos delitos de organización criminal.

El mandato de Castillo fue un fiel reflejo de lo que es la política peruana. Una inestabilidad que quedó manifiesta en los cinco equipos de gobierno –con más de 70 ministros– que tuvo en solo 16 meses. Incapaz de dotar de estabilidad y rumbo al país, tuvo que vérselas además con un Congreso hostil, perdiendo incluso el apoyo de su propio partido, Perú Libre.

El cese de Castillo trajo para Perú una de sus peores crisis recientes, con casi medio centenar de muertos por la represión de las fuerzas de seguridad en las protestas por su detención y en contra de quien tomó el mando, la que era hasta ese momento su vicepresidenta, Dina Boluarte, cuyo mandato ha quedado en entredicho.

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