SANTA CRUZ 30 Dic. (NÓMADA NEWS).- El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, presentó este martes una denuncia penal por múltiples delitos, entre ellos secuestro, en contra del expresidente del Estado, Luis Arce Catacora y del exministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, en un proceso que se remonta a los hechos ocurridos en diciembre de 2022.
La denuncia se hizo pública el mismo día en que Eduardo Del Castillo fue aprehendido en el aeropuerto internacional de Viru Viru, acusado de obstrucción al trabajo policial, luego de —según el reporte oficial— negarse a la revisión de su equipaje durante un operativo de control.
No obstante, la defensa del gobernador cruceño aseguró que ambos hechos no guardan relación directa. El abogado Martín Camacho afirmó que la denuncia fue preparada con varios meses de anticipación y responde exclusivamente a lo que, a su criterio, fueron actuaciones ilegales del Estado en contra de Camacho.
“Esta denuncia no se presenta de manera coyuntural por la aprehensión del señor Del Castillo”, sostuvo el jurista.
Según explicó, el memorial presentado ante el Ministerio Público incluye los delitos de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, torturas, vejámenes, tratos inhumanos y secuestro. La defensa sostiene que estos hechos se produjeron el 28 de diciembre de 2022, cuando Camacho fue aprehendido en Santa Cruz y trasladado a la ciudad de La Paz, donde posteriormente fue recluido en el penal de Chonchocoro.
De acuerdo con el abogado, la denuncia penal argumenta que la aprehensión y traslado del gobernador fueron ilegales, por lo que atribuye responsabilidades penales a las entonces máximas autoridades del Ejecutivo y del Ministerio de Gobierno.
En ese marco, la defensa solicitó a la Fiscalía la inmediata aprehensión de Eduardo Del Castillo, al considerar que existiría riesgo de fuga, y precisó que las penas por los delitos denunciados oscilan entre uno y diez años de privación de libertad.
Finalmente, Martín Camacho indicó que el equipo legal se encuentra a la espera de que el Ministerio Público admita formalmente la denuncia y notifique las actuaciones correspondientes, en un proceso que podría reabrir el debate jurídico y político sobre la detención del gobernador cruceño y sus implicaciones legales.
