LA PAZ 12 Mar. (NÓMADA NEWS).- El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, cuestionó la prolongación de las investigaciones contra Elvira Parra y advirtió que algunos casos llevan más de diez años sin resolverse. Calificó como una “persecución inhumana” la situación judicial que enfrenta la exdirectora del Fondo Indígena, quien actualmente tiene 55 procesos vinculados al denominado caso del Fondo Indígena.
La autoridad realizó estas declaraciones luego de visitar a Parra en celdas policiales tras su reciente aprehensión. Según explicó, del total de 161 procesos relacionados con el caso del Fondo Indígena, 55 están dirigidos contra la exfuncionaria.
“De estos 55, hay 23 casos que todavía se encuentran en procesamiento después de 10 años. ¿Se imaginan después de 10 años? Y otros que son cinco, que están con más de cinco años de investigación”, señaló Callisaya.
El defensor aclaró que no se busca promover impunidad, pero cuestionó la duración de los procesos judiciales. “Nadie va a promocionar ámbitos de impunidad, pero sí se debe racionalizar la persecución penal porque no podemos estar indefinidamente persiguiendo a las personas. Y el Estado está tomándose tanto tiempo para hacer una investigación”, sostuvo.
Asimismo, indicó que la propia Fiscalía General del Estado de Bolivia reconoció la existencia de dilaciones en las investigaciones relacionadas con este caso.
Callisaya observó que recientemente se abrió un nuevo proceso penal por hechos de similar data y que el fiscal del caso volvió a solicitar la detención preventiva de Parra por seis meses, pese a que la exautoridad ya permaneció más de ocho años con detención preventiva, entre 2015 y 2023.
“Imagínense la irracionalidad de la persecución penal”, expresó el defensor, al recordar que en su momento se denunció que Parra estuvo privada de libertad por un tiempo mayor incluso al correspondiente a la pena máxima del delito imputado.
El defensor del Pueblo también advirtió que los procesos se encuentran dispersos en distintos departamentos del país, como Santa Cruz de la Sierra y Oruro, lo que obliga a la exdirectora a trasladarse constantemente junto a sus abogados, testigos y peritos para participar en audiencias que, en muchos casos, terminan suspendiéndose.
A su juicio, esta situación vulnera el derecho al debido proceso y a una justicia pronta, además de perjudicar al propio Estado, que no puede recuperar eventuales daños económicos mientras los procesos permanezcan inconclusos.
Finalmente, Callisaya no descartó acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar una posible vulneración de derechos derivada de la prolongación de los procesos.
