LIMA, 28 Abr (TOMADO DE LA REPÚBLICA DE PERÚ).- Decenas de extranjeros trataron de ingresar en territorio del Perú desde Chile corriendo por la pampa, aprovechando que los agentes trataban de impedir el bloqueo de la carretera Panamericana. Se oyeron hasta tres disparos al aire, aunque la Policía Nacional niega el uso de armas.
La violencia se desató el jueves en la frontera de Perú y Chile. Desde hace 15 días, el límite entre ambos países (a la altura de la carretera Panamericana) se ha convertido en un campamento de migrantes que reclaman ingresar a territorio peruano. Cargando maletas y junto a niños, corrieron por la pampa para lograr su objetivo sin temor a la represión policial.
Varios de los extranjeros entrevistados en el lugar arguyeron que deseaban abandonar Chile porque las condiciones de vida para ellos no son favorables.
Afirman que en Chile hay mucho desempleo, que han aumentado los operativos contra migrantes en condición irregular y que están cansados de vivir en condiciones difíciles, por lo que desean volver a sus hogares.
Debido al incremento de migrantes provenientes de territorio chileno, la Policía Nacional instala a diario un cordón humano para impedir el paso de los extranjeros, quienes no cuentan con los requisitos para su ingreso regular al Perú.
Este jueves, un grupo de colombianos comenzó a azuzar a un numeroso grupo que estaba al lado de la carretera. Venezolanos que recién llegaban se les unieron, bloquearon la vía, insultaron y lanzaron piedras a los policías.
Estampida en el desierto
En respuesta, los agentes que estaban en las pampas se acercaron para reforzar la seguridad en la pista. Fue entonces que tres personas corrieron hacia el arenal, por el lado de la playa, para cruzar a territorio peruano en las narices de los efectivos policiales.
Estos hicieron todo lo posible por evitarlo, pero fue como intentar detener el desborde de un río con una mano.
En medio de los gritos y la confusión, otros migrantes se sumaron, por lo que se originó una estampida. Los policías corrieron detrás de los extranjeros y se oyeron tres disparos al aire. El jefe de la División de Orden Público y Seguridad de la Región Policial Tacna, coronel Ramón Ramos Canila, negó que los efectivos hicieran disparos y argumentó que lo que se escuchó fue el choque de las piedras lanzadas por los migrantes contra los escudos de los policías.
El coronel Ramos aseveró que intervinieron a 86 personas que habían ingresado a territorio nacional. Insistió en que la Policía Nacional está preparada para contener a los migrantes. Pero las imágenes de los policías corriendo detrás de los migrantes muestran que carecen de vehículos para cruzar el desierto de forma rápida.
Las cosas no se calmaron luego de finalizada la estampida. Los migrantes que retornaron al límite (en territorio chileno) bloquearon la carretera por una hora. Los varones se apostaron en el carril que conduce a Chile, y las madres y sus niños en el carril de ingreso al Perú. Finalmente, fueron los carabineros chilenos (policías) los que desbloquearon la pista y la calma volvió a la zona. Sin embargo, la crisis humanitaria persiste.
En la pampa continúan familias venezolanas, haitianas y colombianas, en carpas improvisadas con sábanas y mantas. El lugar se ha llenado de moscas por los desechos y zanjas que usan como letrinas. Migraciones de Perú permitió al mediodía el paso de dos madres de familias con menores con enfermedades graves. Una de ellas fue ‘León’, una niña venezolana de siete años con epilepsia y trastorno de espectro autista que solo puede ser movilizada en una silla de ruedas.
Ella y su madre llevaban cuatro años en Chile, no lograron la residencia y tratan de volver a Venezuela. Durmieron tres noches en el desierto y, a diferencia de otros compatriotas suyos, no pueden intentar ingresar por pasos irregulares por la condición de ‘León’. Otras madres continúan en el lugar a fin de un ansiado pase humanitario que les permita volver a su patria.
La crisis en la frontera de Perú y Chile generó una tensión diplomática. Alrededor del mediodía del jueves, el canciller de Chile, Alberto van Klaveren, convocó al embajador de nuestro país en Santiago, Fernando Rojas, por las expresiones del alcalde de Tacna, Pascual Güisa, quien cuestionó al presidente chileno Gabriel Boric por supuestamente haber alentado la crisis migratoria.
En respuesta, a primera hora de la noche del jueves, la Cancillería peruana informó que el embajador de Chile en Lima, Óscar Fuentes Lira, había sido convocado con la finalidad de “expresarle su protesta por la falta de colaboración mostrada por las autoridades policiales chilenas” ante los graves acontecimientos de naturaleza migratoria en la frontera.
Después de una seguidilla de tres asesinatos de Carabineros por presuntos venezolanos, las autoridades de Chile activaron una serie de normas para fortalecer la represión contra la delincuencia. El presidente Boric promulgó velozmente una ley aprobada por el Congreso que faculta a la Policía a usar armas de fuego en legítima defensa e incrementa las penas a quienes ataquen a los uniformados. Los migrantes sintieron que Chile les resultaba cada vez más inseguro.
Militarizar no es la solución
En la noche del jueves llegó a Tacna un escuadrón de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía, que se sumará al resguardo en la frontera, y hoy viernes se espera el ingreso del Ejército en la zona, como lo anunció la presidenta Dina Boluarte el miércoles.
Perú y Chile han optado por militarizar sus fronteras ante la crisis migratoria, cuando de lo que se trata es de atender a los migrantes atrapados en la frontera, sin poder retornar a Chile y sin poder entrar a Perú.
La oficina en Lima del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) recordó que “es deber legítimo de los Estados controlar sus fronteras, (pero) también es importante tener vías regulares para que personas necesitadas de protección internacional, reunificación familiar y otras cuestiones humanitarias puedan acceder al territorio por los puestos de control”.
Mientras tanto, el Gobierno oficializó el estado de emergencia en zonas de frontera, el cual se publicó en el Decreto Supremo 055-2023-PCM en el diario oficial El Peruano. La norma restringe las libertades de tránsito y reunión y la libertad y seguridad personal por 60 días en distritos de las provincias de Zarumilla, en Tumbes; Sullana, Ayabaca y Huancabamba, en Piura; San Ignacio, en Cajamarca; Condorcanqui, en Amazonas; Maynas, Loreto y Datem del Marañón, en Loreto; Tahuamanu, en Madre de Dios; y Tarata y Tacna, en la región de Tacna.
Además, estipula que, en estas circunscripciones, en que se restringen derechos, el control del orden interno estará a cargo de la Policía Nacional junto con las Fuerzas Armadas. Dispone que estas instituciones desarrollarán operaciones de control de las fronteras.
A diferencia de decretos anteriores similares, este precisa normas sobre el uso de la fuerza de policías y militares, como el “Protocolo de actuación conjunta del Estado para la articulación de servicios en contextos de detención, retención e intervención policial a mujeres y personas en condición de vulnerabilidad”.
Menciona que las acciones de control y vigilancia se harán en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos” y considerando estipulaciones de cartillas de seguridad en áreas próximas a las fronteras acordadas bilateralmente por las Fuerzas Armadas del Perú y de los países vecinos.
Carlos Rivera: “No es un tema militar”
El abogado Carlos Rivera Paz, del Instituto de Defensa Legal (IDL), criticó que el Gobierno de Dina Boluarte, una vez más, recurra a las Fuerzas Armadas para afrontar situaciones de seguridad pública.
Lo que sucede en Tacna “es un problema humanitario, y sin embargo, el Estado toma una medida de militarización. Los mandos militares deben de estar disconformes y pidiendo precisiones y el respaldo de un marco normativo”.
