LA PAZ 25 Feb. (NÓMADA NEWS).- La Central Obrera Boliviana (COB) se declaró en estado de emergencia permanente y lanzó duras críticas contra el gobierno, expresando su preocupación por la política de endeudamiento externo, el tratamiento de créditos internacionales y la eventual aprobación de normativas que —según el ente matriz— podrían afectar derechos laborales y la protesta social.
El máximo dirigente de la COB, Mario Argollo, afirmó que el escenario económico del país “debe preocupar a toda la población”, señalando que no existiría información clara sobre el destino ni las condiciones de los créditos gestionados por el Ejecutivo.
Según datos expuestos por el dirigente, la deuda externa alcanzaría los 14.131 millones de dólares, mientras que la nueva deuda proyectada rondaría los 15.600 millones. Bajo ese cálculo, advirtió que al finalizar la actual gestión gubernamental el país podría acercarse a un endeudamiento total de 30.000 millones de dólares.
“Se tiene que aclarar oportunamente bajo qué condiciones están viniendo esos créditos y a qué sectores van a favorecer. El endeudamiento no es el camino para salir de la crisis; tenemos que producir más como país”, declaró Argollo.
El dirigente también manifestó inquietud sobre las posibles exigencias de organismos financieros internacionales como el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuestionando qué medidas de ajuste podrían estar comprometidas por el Estado.
Asimismo, la COB advirtió sobre la falta de fuentes de empleo y el impacto que —según Argollo— tendría el incremento de la deuda en las futuras generaciones. “Cada boliviano estaría absorbiendo alrededor de 4.000 dólares en deuda. Nuestros hijos y nietos van a pagar esas obligaciones”, sostuvo.
Otro de los puntos centrales del pronunciamiento fue el rechazo categórico a la denominada ley “antibloqueos”. Argollo aseguró que la COB no participará en procesos de socialización ni negociación de dicha propuesta legislativa. “No vamos a negociar ni asistir a ninguna convocatoria vinculada a una ley que pretenda penalizar o acallar la protesta popular”, enfatizó.
De igual manera, expresó oposición a cualquier intento de “modernización” o modificación de la Ley General del Trabajo, advirtiendo que los trabajadores no permitirán cambios que vulneren conquistas históricas del sector. También rechazó versiones que vincularían movilizaciones pasadas con supuestas directrices externas.
“Nuestras determinaciones siempre han sido orgánicas, emanadas de ampliados nacionales y cabildos. La COB no le debe nada a nadie, se debe a sus trabajadores y al pueblo”, remarcó.
Finalmente, el dirigente sindical cuestionó el uso de decretos supremos para la toma de decisiones políticas y advirtió que cualquier medida que afecte atribuciones de autoridades electas o la independencia de poderes debe ser debatida en la Asamblea Legislativa. La COB anunció la convocatoria a un ampliado nacional para definir de manera orgánica las acciones que asumirá frente a la coyuntura política y económica del país.
