ORURO, 15 Ago (NÓMADA NEWS).- Después que el Ministerio Público acusó a los 11 concejales y al alcalde de Oruro, Adhemar Wilcarani, de «desobediencia a resoluciones, a las acciones de defensa e inconstitucional en grado de autoría», el municipio anunció que ejecutará la intervención para sentar presencia institucional en el cerro San Pedro.
«El Gobierno Municipal va a ejecutar la intervención para sentar presencia institucional en el cerro San Pedro, porque la sentencia 599 y todas las resoluciones vinculadas están vigentes y no hay ningún obstáculo para ejecutar esta tarea», explicó el secretario municipal de Asuntos Jurídicos, Víctor Hugo Miranda.
Llamó a los miembros de los cooperativistas “No Metálica Luminosa” a que se retiren del sector y llamó a otras entidades estatales como la Ajam, Comibol, el viceministerio de Minería para que tomen también acciones para que se retiren en breve tiempo y dejen libre el cerro San Pedro para que el municipio ingrese a ejecutar políticas que garanticen esa área protegida.
Ratificó que las resoluciones constitucionales de preservar y recuperar el área protegida están vigentes y dijo que para ello se está coordinando con la policía para la intervención.
Además, recordó que existe una demanda en el juzgado agroambiental donde también se dispuso la paralización de actividades de explotación de piedra en el cerro San Pedro.
Por su parte, el fiscal Richard Gutiérrez explicó que la acusación contra las autoridades municipales está en base a verificar el cumplimiento o no de la resolución emitida por el Tribunal Constitucional a través de la sala constitucional de Oruro, que establece seis puntos que debían cumplirse, sin embargo, esas acciones no fueron reflejadas de manera objetiva en el terreno.
Respecto a la resolución de sobreseimiento al representante legal de la cooperativa “No Metálica Luminosa” es personal y no para la cooperativa, por tanto, la resolución constitucional está vigente.
Sobre estas resoluciones del Ministerio Público, Miranda calificó de «incomprensible” la acusación del Alcalde y los 11 concejales, que han promovido la acción popular, bajo el argumento “de que se habría incumplido esa resolución».
Explicó que el municipio ha cumplido dichas disposiciones y dijo que también correspondía el cese y paralización de actividades a la Cooperativa Luminosa y no del municipio.
«No teníamos por qué hacer intervenciones, en esa lógica absurda que el Ministerio Público asume que el Gobierno Municipal ha incumplido esa resolución 157/2022 y acusa a las autoridades municipales», fundamentó.
Miranda dijo que les preocupa la resolución de sobreseimiento al representante legal de la Luminosa, Benjamin Alejo Rocha, que en materia penal significa eximir de responsabilidad a alguien que presuntamente ha cometido un delito, al asegurar que, en este caso, el representante legal de la cooperativa es quien ha incumplido flagrantemente la resolución (157/2022) de la justicia constitucional, de no cesar operaciones en esa área protegida.
Adelantó que como municipio efectuarán una impugnación a esa resolución.
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