LA PAZ, 10 Abr (NÓMADA NEWS).- Los representantes de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) y de la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia se pronunciaron este lunes contra el Proyecto de Ley 305/22 que, dijeron, afecta a la libertad de prensa en el país, anula la Ley de Imprenta y amenaza a los periodistas con penas de cárcel, por lo que anunciaron que enviarán una carta a las entidades de los Poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo y no descartaron convocar a plantones y otras movilizaciones.
Zulema Alanes, presidenta de la ANPB, Raúl Peñaranda, de la APLP, el secretario de la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, Carlos Salcedo, y delegados de las federaciones de El Alto y La Paz, Ilich Ordoñez y Carmen Moscoso, pidieron que los artículos referidos al trabajo de la prensa del Proyecto de Ley 305/22 sean retirados del debate.
Además, participaron por internet en la conferencia de prensa los presidentes de las asociaciones de los ocho departamentos restantes del país y representantes de la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia.
Alanes recordó que el artículo 107 de la Constitución Política del Estado establece que “La información y las opiniones emitidas a través de los medios de comunicación social deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad y que esos principios se ejercerán mediante las normas de ética y de autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su ley”, lo que implica que la Ley de Imprenta no puede ser violentada.
Afirmó que las organizaciones de la prensa en Bolivia han desarrollado e implementado las normas de ética señaladas por la Constitución Política del Estado y habilitó los Tribunales de Ética que, en la actualidad, y contando con la legalidad y la legitimidad constitucional, investigan, procesan y sancionan las faltas que pudieran cometerse en el trabajo de la prensa.
Por su parte, el representante de la Federación de la Prensa de La Paz dijo que los periodistas están alarmados porque una vez más se pretende penalizar el trabajo de la prensa, aduciendo el cumplimiento de supuestos acuerdos internacionales sobre derechos humanos, cuando en ningún tratado, convenio o acuerdo se establece la criminalización de la actividad periodística como condición para el ejercicio y garantía de los derechos ciudadanos.
Recordó que la propia CIDH, en el Informe anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión advirtió que “la violencia contra periodistas puede generarse por medio del uso del derecho penal – principal poder coercitivo del Estado – para sancionar, reprimir, inhibir aquellas expresiones críticas a la actuación de autoridades estatales o sobre cuestiones de interés público; remarcó que, en particular, la amenaza o la imposición de una pena de encarcelamiento con fundamento en leyes de desacato y de difamación criminal puede resultar en un efecto silenciador que afecta no solamente a los y las comunicadoras, sino a toda la sociedad.
En esa línea, Raúl Peñaranda, presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, dijo que hace 13 años, cuando se aprobó la Ley contra el Racismo y toda forma de Discriminación, el gremio ya luchó contra los artículos que establecen cárcel contra periodistas.
Recordó que los periodistas hicieron largas movilizaciones, donde los periódicos sacaron sus portadas en blanco y se realizaron huelgas de hambre.
Recordó que también se recolectaron 400.000 firmas para una reforma de la ley, pero nada de eso fue suficiente para hacerle ver a las autoridades la gravedad de la situación.
El proyecto de ley 305 es, dijo Peñaranda, todavía más grave, tomando en cuenta que elimina los “motivos” (“móviles”) por los cuales un juez puede ordenar el apresamiento de los periodistas si cometen un supuesto acto de racismo.
Al no haber “motivos” para cometer un supuesto delito, los periodistas quedan aún más desprotegidos que en la Ley 045, ya que un juez no necesitará demostrar un “motivo” (un “móvil”) al momento de realizar una acusación sobre una supuesta información racista o discriminadora.
Dijo que por lo menos la ley 045 establecía esos “motivos” lo que, a su juicio, de alguna manera protegía a los periodistas y remarcó que al quitarse aquello en el PL 305/22, la posible defensa de un periodista se verá aún más menguada, reseña un boletín de prensa.
Red Central-rsl
