SANTA CRUZ, 25 Ene (NÓMADA NEWS).- El cabildo realizado en el Cristo Redentor de Santa Cruz determinó que Luis Fernando Camacho continúe ejerciendo como Gobernador desde el penal de Chonchocoro, donde está recluido, y dio un plazo de 30 días para su liberación, de lo contrario, se activará un referendo revocatorio para el presidente Luis Arce Catacora.
En la quinta pregunta formulada a los miles de ciudadanos congregados en el Cristo Redentor, se planteó esa posibilidad y la respuesta fue unánime.
“¿Están todos de acuerdo en exigir al gobierno de Luis Arce que instruya y viabilice la aprobación de una ley de amnistía en un plazo no mayor de 30 días, que determine la liberación de Luis Fernando Camacho y de todos los presos políticos de Bolivia. En caso de incumplimiento están todos de acuerdo en comprometerse a impulsar activamente un proceso constitucional para revocar el mandato del presidente Luis Arce Catacora a partir de mayo próximo, por constituir su gobierno un régimen dictatorial y antidemocrático?”, consultó Rómulo Calvo presidente del Comité Pro Santa Cruz y la respuesta fue positiva, como fue la respuestas a las otras preguntas.
Calvo consideró que la liberación de Camacho, a quien consideran un preso político, que fue secuestrado el mes pasado, es imperativa para que la paz retorne a Santa Cruz y para evitar que el Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) tomé esa entidad que fue ganada en las elecciones generales.
Exigió también la liberación “de todos los presos políticos”, entre ellos, la expresidenta Jeanine Añez y al dirigente cívico Marco Antonio Pumari.
El hijo mayor del Gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, leyó una carta que escribió su padre desde el penal donde está recluido, en la que consultó si los ciudadanos están de acuerdo con que siga en funciones desde el penal de Chonchocoro; la respuesta fue también unánime y positiva.
En la carta Camacho pidió unidad y pidió que no permitan que el MAS ocupe la Gobernación, como dijo, es la principal intención.
Similares cabildos se realizaron en otros departamentos del país, que coincidieron con las decisiones del cabildo de Santa Cruz y que defendieron también reivindicaciones regionales.
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