El líder del Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, ha anunciado este sábado el levantamiento de los 36 días de paro indefinido que habían paralizado la región tras la aprobación, esta madrugada, del proyecto de ley del Censo en la Cámara de Diputados.
Calvo ha atribuido la aprobación a «un triunfo del pueblo» y insistido en que se trabajará en la «nueva relación de Santa Cruz con el Estado» tras más de un mes de parones y violentas protestas que se han saldado con al menos cuatro fallecidos y 178 heridos. No obstante, ha avisado de que el comité «seguirá en emergencia» ante nuevos acontecimientos, recoge el portal Erbol digital.
Las protestas en Santa Cruz –feudo tradicional de la oposición a los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS)– fueron convocadas por la decisión del presidente, Luis Arce, de posponer el censo de población, el cual se celebrará finalmente el 23 de marzo de 2024.
La Cámara de Diputados de Bolivia (Cámara Baja) dio ‘luz verde’ este sábado a la Ley del censo tras una maratoniana sesión que se prolongó por siete horas y culminó cerca de las 2.00 horas (hora local).
Del total de 119 diputados que estaban presentes en la sala, 91 votaron a favor, 25 en contra, otros tres en blanco. Así, la propuesta ha recabado el apoyo de más de dos tercios de la cámara y será enviada ahora al Senado.
La ley del censo ha venido acompañada de polémica y enfrentamientos en Santa Cruz, la principal región económica del país y donde la oposición de ha hecho fuerte en las últimas semanas con estas protestas.
El presidente boliviano, Luis Arce, había fijado para marzo de 2024 la realización del censo de población, mientras que los opositores han salido a las calles para exigir que este proceso se llevara a cabo una año antes, en 2023, según recoge ‘El Deber’.
La legislación boliviana estipula que el censo poblacional debe realizarse cada diez años, si bien el último se produjo en 2022. El recuento de habitantes podría derivar en la ampliación de recursos económicos, así como un reajuste de la representación en el Parlamento.
La oposición ha acusado a Arce de tratar de retrasar la asignación de ayudas, mientras que el mandatario ha hecho sucesivos llamamientos a la calma y ha pedido el fin de un paro en Santa Cruz que se ha prolongado por más de un mes.
Sin embargo, el gobernador de la ciudad boliviana de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, explicó este miércoles que, como el Censo no puede organizarse en 2023 por falta de tiempo, la fecha de ejecución no es «determinante», desistiendo así de su postura inicial que instaba al Gobierno de Bolivia a realizar la encuesta nacional el próximo año.
Camacho, que es el principal protagonista del conflicto, consideró en varias ocasiones que la realización del Censo en 2023 era «inquebrantable», pero la nueva postura del gobernador cambia la situación de conflicto y anunciaba un nuevo escenario.
La Misión Técnica en Bolivia de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) ha condenado la violencia de las protestas y ha pedido que se investigue cualquier violación de derechos. (EUROPA PRESS)
