El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ha advertido nuevamente al presidente de Bolivia, Luis Arce, de que se acaba el tiempo para que dé marcha atrás en su decisión de aplazar hasta 2024 el nuevo censo poblacional y evitar así la huelga indefinida prevista en el departamento para el sábado 22 de octubre.
Camacho ha avisado a Arce de que «tiene cuatro días para poder pensar» en la decisión del Ayuntamiento de Santa Cruz de llevar a cabo el censo el primer semestre de 2023, y no en 2021 como el presidente promulgó, argumentando las actuales deficiencias técnicas para su elaboración debido a las consecuencias dejadas tras de sí la pandemia del coronavirus.
En esas, Camacho ha ironizado que Arce solo tiene «dos salidas», ya que ambas pasan por «abrogar el decreto antes del paro». Unas declaraciones muy similares a las del pasado viernes cuando colocó al presidente boliviano en esta particular cuenta atrás. «Estamos a siete días de que el Gobierno pueda reflexionar», dijo.
«Estamos firmes con todos los sectores, llevando adelante la organización de nuestro paro», ha enfatizado Camacho, quien ha pretendido hacer creer que la protesta «no tiene colores políticos» y que tan solo está motivada por el interés nacional.
Quien también ha pedido reflexión ha sido el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, pero a Camacho y «a sus secuaces» para que dejen trabajar a todo el pueblo de Santa Cruz «que se encuentra, lamentablemente, una vez más, bajo la incertidumbre por culpa de estos señores».
Del Castillo ha recalcado que si bien está consagrado el derecho a la protesta, este queda sin validez cuando «se vulneran los derechos de terceras personas» con «el uso de artefactos explosivos, armas caseras y la transgresión de propiedades públicas o privada», recoge el diario ‘El Deber’.
En ese sentido, Del Castillo ha adelantado que el Gobierno no descarta reforzar la presencia policial en Santa Cruz durante los días de paro si con ello se vela por la economía y el derecho al trabajo, la alimentación y la educación.
Camacho, una de las piezas clave de la crisis política que provocó la salida de Evo Morales tras las elecciones de 2019, lidera unas protestas que datan desde agosto, cuando se impuso ya una huelga de 48 horas sobre la región que entonces no contaron con el apoyo del alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, quien llegó incluso a pasar la noche en dependencias municipales para poder asistir al trabajo.
Para Camacho, la postergación hasta 2024 del censo poblacional no solo contraviene la ley, ya que debe realizarse cada diez años, sino que las anteriores estadísticas, que datan de 2012, no son fiables actualmente para redistribuir los presupuestos federales. (EUROPA PRESS)
