LA PAZ, 27 Sep (NÓMADA NEWS).- El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional difundió este martes un comunicado en el que asegura que el Gobierno no puede emitir ningún criterio por el fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el proceso penal por separatismo y terrorismo, porque se encuentra bajo reserva y confidencialidad.
En los últimos días, se desveló el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre lo ocurrido en abril de 2009 que, en la versión oficial, fue un operativo para desbaratar a un grupo de mercenarios que tenían la intención de dividir Bolivia y de atentar contra la vida del entonces presidente Evo Morales y que se encontraban conspirando en el Hotel Las Américas.
En ese operativo, murieron Eduardo Rózsa, líder de ese grupo, además de Michael Dywer y Arpad Magyarosi, y fueron apresados y trasladados a La Paz, Mario Tadic y Elod Tóásó.
La demanda ante la CIDH fue admitida por esa corte internacional en 2018 por violación a los derechos humanos durante la intervención policial e investigación de ese caso.
Esa petición está suscrita por Elod Toazó y Mario Tadic, antes encarcelados, y que tras seis años obtuvieron su libertad luego de someterse a un juicio abreviado; además de la madre de Dwayer; y por Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza, que permanecen detenidos preventivamente 10 años.
“En relación a distintas versiones referidas al proceso penal seguido por los delitos de Separatismo y Terrorismo en nuestro país, por acciones ocurridas en 2009, es menester recordar que el mismo fue archivado arbitrariamente durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez. Dichas acciones son objeto de tramitación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH) por denuncia presentada por los entonces acusados del caso”, remarca el comunicado del Ministerio de Defensa.
“Respecto al Informe Final de la CIDH, CASO 13.546 se informa que el mismo se encuentra bajo reserva y confidencialidad. Por lo que el Gobierno Nacional respetuoso del Pacto Interamericano de Derechos Humanos de San José de Costa Rica, no puede emitir ningún criterio ya que el mismo aún se encuentra en el marco de la reserva”, complementa el documento.
El informe de la CIDH atribuye al Estado la muerte de Dywer y establece que los sobrevivientes de ese operativo fueron víctimas de torturas y recomienda iniciar procesos judiciales contra los culpables e invoca una compensación económica e investigación para esclarecer hechos.
Red Central-rsl
