LA PAZ 07 OCT (NÓMADA NEWS).- La Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley antibloqueo que busca garantizar la libre transitabilidad y establece sanciones penales para quienes bloqueen carreteras y otras vías de manera dolosa.
La propuesta contempla penas de entre tres y ocho años de privación de libertad, dependiendo de las circunstancias y los efectos provocados por los bloqueos. El proyecto fue aprobado en su estación en grande y en detalle y deberá continuar su tratamiento en el pleno la Cámara de Diputados.
“Al haberse considerado en su integridad el proyecto de ley, conforme a lo dispuesto por el artículo 105 del Reglamento General, queda aprobado tanto en su estación en grande como en detalle”, informó el presidente de la comisión, diputado Manolo Rojas.
El proyecto consta de 28 artículos y fue elaborado a partir de la unificación de diez propuestas legislativas relacionadas con la prevención de los bloqueos. El diputado Omar Muriel Vásquez sostuvo que la iniciativa es “mucho más completa” y refleja mayor amplitud y responsabilidad.
La propuesta establece una pena de tres a seis años de cárcel cuando los bloqueos afecten servicios de emergencia, salud, abastecimiento, evacuación, infraestructura o actividades laborales. La sanción se elevará hasta ocho años cuando exista uso de violencia o armas, destrucción de infraestructura o cobro de dinero.
Además, el proyecto dispone que la Policía Boliviana, el Ministerio Público y otras instituciones públicas incorporen programas de capacitación en gestión de conflictos, derechos humanos, libre transitabilidad, derecho al trabajo, investigación penal y uso legítimo de la fuerza. En sus disposiciones transitorias, la iniciativa establece un plazo de 60 días calendario para que el Órgano Ejecutivo adecúe los protocolos destinados a la prevención y el diálogo, atención del tránsito de servicios de emergencia, abastecimiento indispensable, protección del derecho al trabajo, advertencia y desescalamiento de conflictos, restablecimiento de la circulación, documentación de operativos y uso proporcional de la fuerza.
