LA PAZ 10 SEP (NÓMADA NEWS).- El ministro de Economía, Cristian Morales, confirmó los compromisos fiscales asumidos con el Fondo Monetario Internacional y señaló que el acuerdo contempla $us 2.669 millones, desembolsados en 36 meses.
La autoridad ratificó los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y destacó que el acuerdo “permitirá la llegada de $us 2.669 millones en recursos para el país, con un plazo de desembolso de 36 meses, cuatro años y medio de gracia y un periodo de repago de diez años a partir de cada desembolso”. La tasa de interés, según explicó el ministro de Economía, Cristian Morales, oscila entre el 3% y 3,7%.
Morales señaló que uno de los compromisos centrales es no generar nuevo financiamiento del Banco Central de Bolivia al sector público, lo que, según explicó, “estará acompañado por un ajuste del gasto público y un reordenamiento de las finanzas estatales”.
La hoja de ruta fiscal establece una reducción progresiva del déficit. Para 2026 se proyecta un déficit del sector público equivalente al 9,1% del PIB, para 2027 del 6,4% y para 2028 del 3,8%.
El Ministro sostuvo que este proceso contempla el recorte de gastos considerados superfluos o innecesarios, pero aseguró que “se mantendrá la prioridad en el gasto social y la protección de los sectores más vulnerables”.
Uno de los puntos que generó mayor debate es el futuro de la subvención a los combustibles. Consultado sobre si su eliminación fue una condición del FMI, Morales rechazó esa interpretación y afirmó que “no se trata de una imposición del organismo internacional, sino de una decisión que forma parte del programa económico del gobierno”.
“Categóricamente no es una imposición del Fondo Monetario”, afirmó Morales, al señalar que el Ejecutivo considera que Bolivia no puede continuar bajo una estructura de subvención a los carburantes.
Sin embargo, el propio acuerdo establece una perspectiva de llegar hacia 2027 a una situación sin subvención a los combustibles. Al respecto, el ministro explicó que existe además un decreto aprobado por el Gobierno que “establece la aplicación de nuevos niveles de precios hasta enero de 2027”.
Morales sostuvo que, durante este periodo, el Ejecutivo deberá dialogar con los diferentes sectores y explicar los beneficios que, según el gobierno, tendrá la reducción de los niveles de subvención.
El gobierno asegura que los efectos del ajuste fiscal serán acompañados por políticas públicas y programas sociales para evitar que la reducción del gasto tenga un impacto mayor sobre las familias más vulnerables.
De esta manera, el Ejecutivo defiende el acuerdo con el FMI como una vía para obtener recursos y ordenar las finanzas públicas, pero al mismo tiempo intenta marcar distancia respecto a la eliminación de la subvención a los carburantes, insistiendo en que esta medida responde a su propia política económica y no a una imposición del organismo internacional.
