COCHABAMBA 21 AGO (NÓMADA NEWS).- Una Sala Constitucional de Cochabamba concedió una acción de libertad a favor de Carlos Sánchez Berzaín, exministro de Defensa del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, y dejó sin efecto actuaciones judiciales promovidas en su contra dentro del proceso relacionado con los hechos de octubre de 2003, conocidos como la Guerra del Gas.
El conflicto social de octubre de 2003 tuvo como epicentro la ciudad de El Alto y estuvo marcado por enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del Estado, con un saldo de más de 60 personas fallecidas y cientos de heridos, según registros oficiales. Tras la crisis, Sánchez de Lozada y varios de sus ministros abandonaron el país y se iniciaron procesos para establecer responsabilidades por los hechos.
La resolución constitucional cuestiona el desarrollo del proceso judicial y establece que se «vulneraron garantías fundamentales» de Sánchez Berzaín. Como consecuencia, las actuaciones judiciales que sustentaban su persecución penal quedan sin efecto, en una decisión que representa un giro en un proceso que lleva más de dos décadas.
La determinación generó reacciones políticas. La diputada Sandra Rivero advirtió que el fallo podría provocar “roña social”, especialmente en El Alto, mientras que la legisladora Aurora Patiño consideró que se trata de una mala señal de la justicia y expresó su preocupación por una eventual situación de impunidad en un caso de tanta trascendencia nacional.
Desde El Alto también surgieron cuestionamientos. Roberto de la Cruz, dirigente de la Central Obrera Regional y uno de los actores de las movilizaciones de 2003, sostuvo que la acción presentada por Sánchez Berzaín busca “empeorar, no buscar justicia”. Afirmó además que la etapa preparatoria de la investigación permanece intacta y que será necesario revisar el contenido completo de la resolución.
De la Cruz anunció que, una vez conocida la totalidad del fallo, podrían presentar nuevos recursos constitucionales. Mientras tanto, la decisión de la Sala Constitucional abre un nuevo capítulo en uno de los procesos judiciales más sensibles de la historia reciente de Bolivia y vuelve a poner en debate las responsabilidades por los hechos de octubre de 2003.
