LA PAZ 20 AGO (NÓMADA NEWS).- El Comité Cívico de Cochabamba se declaró en estado de emergencia y exigió al gobierno la inmediata abrogación del Decreto Supremo 5676, que establece un precio de Bs 18 por litro de diésel para los grandes consumidores.
El presidente del Comité Cívico cochabambino, Johnny Quintela, sostuvo que la medida representa un riesgo para el aparato productivo del departamento y advirtió que podría generar un incremento de los costos de producción y afectar directamente a la economía de las familias.
La posición fue expresada junto a representantes de sectores productivos, empresariales, constructores, comerciantes y otros sectores de Cochabamba.
Advierten impacto en producción y empleo
Los cívicos consideran que el incremento del precio del combustible tendrá un efecto directo sobre actividades como la agroindustria, construcción, transporte y comercio, debido a la importancia del diésel en la cadena productiva.
Quintela afirmó que Cochabamba, por su condición de departamento productor y articulador del país, podría sufrir una paralización de actividades si se mantienen los actuales costos del combustible.
Temen aumento de precios
Otro de los principales cuestionamientos está relacionado con la canasta familiar. El Comité Cívico sostiene que el mayor costo del diésel para los grandes consumidores terminará trasladándose al precio de los productos y servicios.
Los representantes calificaron la medida como un posible factor de presión inflacionaria y señalaron que el impacto podría extenderse desde los sectores productivos hasta los mercados del departamento y del resto del país.
Advierten movilizaciones
Ante este escenario, el Comité Cívico convocó a las organizaciones e instituciones cochabambinas a mantenerse en estado de alerta y anunció que, si el gobierno no atiende su demanda, podrían activarse medidas de presión.
Quintela advirtió que las acciones podrían radicalizarse con movilizaciones y otras medidas de hecho en todo el departamento.
Por ahora, el sector cívico espera una respuesta del gobierno respecto a su pedido de abrogación del Decreto Supremo 5676, mientras mantiene la advertencia de posibles movilizaciones.
