LA PAZ 09 JUL (NÓMADA NEWS).- El fiscal de materia de la Fiscalía Departamental de La Paz, Daniel Portales, inició una investigación por el presunto delito de biocidio tras recibir el informe del Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (INLASA), que confirmó que parte de los restos óseos encontrados durante operativos realizados en la ciudad de El Alto corresponde a perros.
Las investigaciones ya están en marcha y se desarrollan en coordinación con la Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente (Pofoma), con el objetivo de identificar a los responsables y establecer las circunstancias en las que murieron los animales.
“Ya están las investigaciones en curso. Estamos en coordinación con Pofoma a efectos de poder realizar allanamientos de domicilio y determinar el origen de la muerte de todos estos animales”, señaló la autoridad, quien precisó que, por el momento, no existen personas identificadas como responsables.
El caso se originó tras los operativos efectuados por la Alcaldía de El Alto durante los bloqueos, cuando en un basural de la zona de Río Seco fueron encontrados colas, cráneos y otros restos óseos. El informe técnico del INLASA, presentado por el municipio ante el Ministerio Público, confirmó que parte del material pertenece a perros y fue incorporado como elemento de prueba dentro de la investigación.
La Fiscalía indicó que aún no es posible determinar el número de animales afectados debido a que únicamente se recuperaron restos óseos. Como parte de las diligencias, se revisarán imágenes de cámaras de seguridad, se convocará a testigos, se solicitarán informes a la Alcaldía de El Alto, al INLASA, al SENASAG y a otras instituciones competentes, además de realizar inspecciones en friales.
Portales advirtió que la investigación podría ampliarse por presuntos delitos contra la salud pública si se confirma que la carne de los animales fue destinada a la comercialización para consumo humano. Asimismo, recordó que la Ley N.º 700 de Defensa de los Animales Contra Actos de Crueldad y Maltrato establece penas de dos a cinco años de prisión para quienes incurran en el delito de biocidio.
