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Dictan seis meses de detención preventiva para Vicente Salazar por los bloqueos de mayo y junio

LA PAZ 07 JUL. (NÓMADA NEWS).- En juzgado de la ciudad de La Paz determinó este lunes la detención preventiva por seis meses del ejecutivo de la Federación Departamental de Campesinos Túpac Katari, Vicente Salazar, quien será recluido en el penal de Chonchocoro mientras avanza la investigación por su presunta participación en los bloqueos de caminos registrados entre mayo y junio.

La autoridad judicial adoptó la medida al considerar que existen elementos suficientes para continuar con la investigación, que también alcanza a otros dirigentes señalados de promover las movilizaciones que provocaron el cierre de carreteras, desabastecimiento de alimentos y combustibles, además de denuncias por fallecimientos relacionados con la falta de atención oportuna durante el conflicto.

El Ministerio Público imputó a Salazar por los presuntos delitos de instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, terrorismo, atentados contra la seguridad de los medios de transporte y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.

El dirigente fue aprehendido el pasado sábado en la ciudad de El Alto, luego de ser interceptado por efectivos policiales cuando se desplazaba en una camioneta Toyota Hilux.

De acuerdo con las investigaciones, Salazar desempeñó un papel protagónico durante las movilizaciones que exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz y fue uno de los firmantes del acuerdo suscrito con la Central Obrera Boliviana (COB) para impulsar las medidas de presión.

Durante el desarrollo del conflicto, el dirigente también rechazó la posibilidad de instalar un diálogo con el gobierno, argumentando que cualquier decisión dependía de la determinación asumida por las bases de su organización.

La Fiscalía continuará reuniendo elementos de prueba durante los próximos seis meses para establecer el grado de responsabilidad de Salazar y de otros dirigentes investigados por los hechos ocurridos durante los bloqueos.

La decisión judicial forma parte de la serie de procesos abiertos por el Ministerio Público tras los conflictos sociales que afectaron al país por más de 50 días y que ocasionaron graves pérdidas económicas, problemas de abastecimiento y una profunda afectación a la transitabilidad en varias regiones.

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