LA PAZ 03 JUN. (NÓMADA NEWS).- El Juzgado Cautelar Primero de Lucha Contra la Corrupción y Violencia Contra la Mujer determinó este miércoles ampliar por cinco meses más la detención preventiva del expresidente Luis Arce Catacora dentro de la investigación por el denominado caso Fondo Indígena, al considerar que aún restan pericias técnicas y auditorías especiales necesarias para el esclarecimiento de los hechos.
La decisión fue asumida tras una audiencia en la que la autoridad judicial argumentó la necesidad de garantizar la presencia del investigado mientras concluyen las investigaciones vinculadas al Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fondioc).
Arce Catacora permanece recluido en el penal de San Pedro, donde cumple una medida cautelar por los presuntos delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes relacionados con su participación en el directorio del Fondo Indígena. El plazo inicial fue de cinco meses de detención preventiva que ya había concluido, motivo por el cual su defensa solicitó que pudiera asumir su defensa en libertad; sin embargo, ampliaron su detención por otros cinco meses más.
Durante la audiencia, el exmandatario tomó la palabra y defendió su permanencia en el país, asegurando que nunca intentó evadir la justicia tras dejar la Presidencia.
“Tuve el honor de servir a mi país desde la responsabilidad que el pueblo me confió con más del 55% de votación. Quienes me conocen saben que nunca rehuí una rendición de cuentas, no he huido, estoy aquí dando la cara”, manifestó.
Asimismo, sostuvo que la ampliación de su detención vulnera los principios constitucionales y pidió que se respete la presunción de inocencia. “No vengo a pedir un favor, vengo a pedir que se aplique la ley. Ni un día más, ni un día menos de lo que la ley permite; ese plazo ya se cumplió”, afirmó ante la autoridad judicial.
Pese a los argumentos expuestos por la defensa y el propio expresidente, el juzgado resolvió extender la medida cautelar por otros cinco meses, periodo en el que el Ministerio Público deberá concluir las auditorías e investigaciones pendientes sobre el millonario daño económico atribuido al caso Fondo Indígena.
