LA PAZ, 25 May (NÓMADA NEWS).- Las organizaciones representativas del Periodismo boliviano, profundamente preocupadas por el agravamiento de la situación de crisis que atraviesa el país y ante la necesidad de evitar el riesgo de cualquier violencia que traiga imprevisibles consecuencias, manifiestan lo siguiente:
Hace 43 años que Bolivia asumió la democracia como el camino aceptado por la mayoría para organizar y conducir su vida política, voluntad que el país ha ratificado en cada momento de conflicto que hubo en todo este tiempo.
El régimen democrático, que se guía por los preceptos de la Constitución Política del Estado aprobados en 2009, se basa en un sistema de derechos y libertades que el Estado y la sociedad deben preservar por encima de cualquier interés circunstancial.
La democracia, como lo proclama la Constitución, asegura los derechos a la vida, la integridad física, la salud, la alimentación, los servicios básicos, la libertad de expresión, la información, el trabajo, la educación y la libre locomoción de todas las personas.
Lamentablemente, los hechos que vienen suscitándose hace más de tres semanas, en particular en la zona occidental del territorio nacional y que han adquirido un explícito cariz político, están llevando a una recurrente vulneración de los derechos mencionados con severos perjuicios para el desenvolvimiento habitual de las personas, familias, instituciones y empresas.
El ejercicio de la ciudadanía implica el derecho a la participación en la formación, desempeño y fiscalización del gobierno, pero en los marcos de los canales y procedimientos institucionalmente establecidos, incluido el del recurso de revocatoria de mandato.
En ese sentido, las organizaciones representativas del Periodismo boliviano consideran urgente e indispensable que:
• Todos los actores implicados en la actual conflictividad depongan posiciones de intransigencia y generen de inmediato condiciones y espacios para un diálogo honesto, creíble y claro, acudiendo en lo posible a la intervención de una mediación válida.
• Las autoridades gubernamentales de los niveles departamentales y municipales desplieguen esfuerzos conjuntos para contribuir a desescalar el conflicto y a viabilizar las conversaciones necesarias para encontrar las soluciones apropiadas.
• Las organizaciones de la sociedad civil establezcan una plataforma para la pacificación nacional capaz de sustentar el reencuentro social orientado a preservar los derechos y libertades de todos.
• El periodismo reciba las garantías suficientes, de las partes en el conflicto, para que continúe desarrollando su labor profesional de llevar información noticiosa plural a la población, sin coacción alguna.
La desinstitucionalización de la democracia que se avizora como probable resultado funesto de los acontecimientos actuales debe ser evitada con el concurso de todos. Ninguna visión cortoplacista debe suplantar el alcance del proyecto de país en libertad y diverso que Bolivia está empeñada en construir desde que restableció el régimen constitucional en octubre de 1982.
El Estado y la sociedad, como señala la Carta Fundamental, tienen el deber de mantener la unidad nacional y de respetar y promover los derechos y las libertades de todos.
Firman: Asociación Boliviana de Radiodifusión, Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, Asociación Nacional de la Prensa, Asociación Boliviana de Investigadores de la Comunicación, Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, Consejo Nacional de Ética Periodística, Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional, Asociación de Periodistas de La Paz, Asociación de Medios de Comunicación Digitales de La Paz, Círculo de Mujeres Periodistas, Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de El Alto y la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz.
Red Central-rsl
