LA PAZ 13 MAY. (NÓMADA NEWS).- El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, expresó su profunda preocupación ante la escalada de bloqueos, hechos de violencia y daños a las vías de transporte registradas en distintos puntos del país en los últimos días, situaciones que afectan la convivencia pacífica, ponen en riesgo la seguridad de la población y vulneran derechos fundamentales de las y los bolivianos, reafirmando su compromiso constitucional de defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad conforme a los artículos 225 y 12 de la Constitución Política del Estado.
«El Ministerio Público ejercerá con firmeza la acción penal pública e investigará toda conducta que atente contra la paz social, la institucionalidad democrática, la seguridad de la población y los derechos fundamentales de las personas«, advirtió el Fiscal General del Estado, quien subrayó que garantizar el derecho de las familias bolivianas a vivir en paz, transitar libremente y al goce pleno de sus derechos será el objetivo central de todas las acciones institucionales, en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, responsabilidad y autonomía.
La máxima autoridad del Ministerio Público recordó que el principio de legalidad, establecido en el artículo 1 de la Constitución Política del Estado, proclama que Bolivia es un Estado de Derecho, y que el artículo 109 establece el deber de todas las bolivianas y bolivianos, así como de cada autoridad pública, de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. En ese marco, el Fiscal General hizo un llamado sincero al Gobierno Nacional y a todos los sectores movilizados a agotar todas las vías de diálogo y encontrar caminos de entendimiento que permitan seguir construyendo un país con estabilidad, justicia y oportunidades para todos.
La autoridad expresó su compromiso moral con el pueblo boliviano de actuar siempre del lado de la paz, el respeto y la convivencia democrática, con la convicción de que ningún interés personal o sectorial puede imponerse por encima del bienestar colectivo ni vulnerar el orden constitucional.
