LA PAZ 26 Mar. (NÓMADA NEWS).- La Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) advirtió que el número de vehículos afectados por la gasolina de mala calidad crece de forma acelerada y alarmante en el país, generando graves perjuicios económicos a la población, y exigió a YPFB la devolución íntegra del producto al proveedor, junto con la compensación por daños y perjuicios.
A través de un pronunciamiento institucional, esa casa de estudios sostuvo que el combustible distribuido no cumple con los estándares establecidos, por lo que no corresponde que la estatal petrolera intente corregir su calidad ni asumir costos por un producto defectuoso. “La mala calidad de la gasolina es causal suficiente para exigir su devolución o reemplazo bajo estrictos controles”, señala el documento.
El director del Instituto de Investigación Mecánica de la UMSA, Jaime Sánchez, cuestionó además las hipótesis planteadas por el gobierno, como un presunto sabotaje o que el combustible provenga de gestiones anteriores. Según explicó, estas versiones carecen de sustento técnico.
“No puede tratarse de gasolina de hace meses. Cuando asumió el presidente Rodrigo Paz, se evidenció que no había reservas suficientes y mostraron caravanas de cisternas entrando en la frontera el mismo día de la posesión”, afirmó.
Sánchez no descartó que el país haya sido víctima de una posible estafa o de irregularidades aún no esclarecidas. “No es posible que la ciudadanía tenga que asumir las consecuencias de una situación tan irresponsable”, cuestionó, al señalar que actualmente existen numerosos vehículos paralizados por fallas mecánicas.
El pronunciamiento se da en medio de un contexto de conflictividad social, marcado por medidas de presión del transporte, que exige compensaciones por los daños ocasionados a sus motorizados.
Asimismo, la UMSA criticó el manejo “poco transparente y desordenado” del problema por parte de las autoridades, advirtiendo que la situación podría dejar secuelas a largo plazo en el parque automotor nacional.
Finalmente, la institución reiteró su propuesta de implementar controles de calidad independientes de “tercera parte”, conforme a estándares internacionales, con el objetivo de garantizar la seguridad del combustible y evitar nuevas afectaciones a la población.
