LA PAZ 09 Feb. (NÓMADA NEWS).- La Comisión de Economía Plural de la Cámara de Senadores identificó incumplimientos de deberes, omisiones y falta de protocolos en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en el marco del caso por la distribución de combustible de mala calidad que afectó a transportistas y ciudadanos en distintas regiones del país.
La presidenta de la Comisión, senadora Ana María Crispín, informó que tras una investigación técnica y administrativa se establecieron responsabilidades directas en la estatal petrolera, así como en entidades vinculadas al control y fiscalización del sector hidrocarburos.
“Se ha evidenciado una falta grave de protocolos, omisiones en los controles y posibles incumplimientos de deberes que no pueden quedar en la impunidad”, señaló la legisladora, quien anunció que el informe de la Comisión derivará en acciones legales contra los responsables.
Entre las observaciones más graves, la senadora mencionó el pedido de cierre de al menos seis unidades relacionadas al área de hidrocarburos, además de cuestionamientos al rol de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y otras reparticiones de YPFB que habrían fallado en su labor de supervisión.
La Comisión de Economía remarcó que el daño ocasionado por la mala calidad del combustible no solo es económico, sino que también afecta la confianza de la población en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad energética del país.
Choferes esperan explicaciones del Gobierno
En este contexto, el ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia, Lucio Gómez, manifestó que el sector aún desconoce los alcances reales del denominado “seguro solidario” anunciado por el gobierno del presidente Rodrigo Paz para resarcir los daños ocasionados por el combustible en mal estado.
Gómez informó que este miércoles sostendrán una reunión con autoridades del Ministerio de Hidrocarburos, donde esperan recibir información clara sobre el mecanismo de resarcimiento y las condiciones para acceder a una compensación por los daños sufridos en sus vehículos.
Desde el Senado, se advirtió que cualquier medida de reparación debe estar acompañada de responsabilidades administrativas y penales, para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.
