SANTA CRUZ 06 Feb. (NÓMADA NEWS).- La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz concedió tutela a favor del Ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano Pinto, y de su hermano Diego Justiniano Pinto, dentro de una acción de protección de privacidad interpuesta contra el Vicepresidente del Estado, Edmand Lara Montaño.
El fallo dispone la eliminación inmediata de publicaciones difundidas en redes sociales que contenían declaraciones en contra de los accionantes y ordena oficiar a las plataformas digitales para el retiro del contenido cuestionado, al considerar que vulnera derechos fundamentales vinculados a la intimidad, honra, reputación y dignidad personal.
Durante la audiencia, las vocales constitucionales Carla García y Alaín Núñez coincidieron en que las expresiones emitidas desde cuentas en redes sociales atribuidas al Vicepresidente traspasaron los límites del ejercicio de la libertad de expresión.
“Debemos ser responsables por el impacto de las redes sociales”, sostuvo García al momento de conceder la tutela. En tanto, Núñez afirmó que las publicaciones ocasionaron un daño directo a la honra y reputación del ministro y de su hermano, lo que ameritó la activación de la protección constitucional.
La resolución incluye además una exhortación expresa a la Vicepresidencia del Estado para que implemente un protocolo formal de emisión de información y declaraciones públicas, con el objetivo de evitar futuras vulneraciones de derechos fundamentales desde instancias estatales. Esta recomendación fue extendida también a la Asamblea Legislativa Plurinacional, ante la ausencia de mecanismos claros de control sobre los pronunciamientos públicos de altas autoridades.
El proceso constitucional fue iniciado luego de que el vicepresidente Lara difundiera videos y mensajes en plataformas digitales, principalmente TikTok, en los que vinculaba al ministro Justiniano y a su hermano con presuntos hechos ilegales sin respaldo documental, reiterando dichas acusaciones de manera pública. Frente a la persistencia de estas publicaciones, el ministro recurrió a la vía constitucional para frenar lo que consideró difamaciones injustificadas.
