LA PAZ 21 Ene. (NÓMADA NEWS).- Ante los reiterados avasallamientos de tierras y la reciente agresión brutal al cacique de la Chiquitanía, Ricardo Peña Rojas, el Gobierno Nacional anunció medidas estructurales en el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) del departamento de Santa Cruz.
La Viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, informó que se determinó el cambio del 100% de los directores del INRA en Santa Cruz, además de la ejecución de una auditoría y evaluación integral de los títulos de tierras otorgados hasta la fecha, como parte de los acuerdos alcanzados con representantes cívicos, autoridades locales y pueblos indígenas, tras los hechos de violencia registrados el pasado domingo.
“Hemos llegado a un acuerdo con todos. Primero, cambiar a todas las autoridades del INRA de Santa Cruz y, segundo, generar un proceso de auditoría y evaluación de los títulos que se han ido entregando”, afirmó Barrientos.
La autoridad reveló que, en las revisiones preliminares, se detectaron irregularidades graves, entre ellas tráfico de tierras y duplicación de títulos, situaciones que —según aseguró— ya están siendo investigadas con responsabilidad institucional.
Respecto a los avasallamientos, Barrientos indicó que en Santa Cruz existen 145 solicitudes registradas, pero reconoció que la atención integral de estos casos se ha visto limitada por la falta de recursos. No obstante, informó que la Policía Boliviana, en coordinación con el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, activó operativos para liberar varias regiones afectadas.
La viceministra aclaró que el INRA no tiene competencia cuando los predios ya cuentan con títulos legalmente otorgados. En esos casos, la actuación corresponde al Ministerio Público, el Tribunal Agroambiental y la Policía Boliviana. En cambio sí puede intervenir, el INRA, cuando se trata de tierras fiscales no disponibles o predios en proceso de saneamiento.
Barrientos pidió a la población colaborar con información que permita identificar y procesar a los responsables del secuestro y la agresión contra el cacique Ricardo Peña Rojas, hecho que generó amplia condena social y política en el país.
